La concejala Eva Ayala solicita información al Departamento Ejecutivo sobre políticas y programas relacionados con la trata de personas, un delito alarmante en la ciudad.
El 19 de septiembre de 2024, la concejala Eva Ayala, del bloque de Acción Marplatense, presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante que busca solicitar al Departamento Ejecutivo informes sobre el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en Mar del Plata y Batán.
El proyecto, que actualmente se encuentra girado a las Comisiones de Políticas de Género, Mujer y Diversidad, y de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad, tiene como objetivo obtener información detallada sobre diversas acciones y programas implementados para combatir este delito en la ciudad. Ayala considera que es esencial contar con datos actualizados para articular políticas efectivas que prevengan la trata de personas, un fenómeno que afecta a muchas mujeres y niños.
Entre los puntos clave que se solicitan al Departamento Ejecutivo, se encuentran los programas implementados en la lucha contra la trata de personas, así como aquellos destinados a la asistencia de las víctimas. El proyecto exige una descripción de las características, objetivos y resultados de estas iniciativas, con el fin de evaluar su efectividad.
Asimismo, el proyecto aboga por información acerca de las campañas de concientización llevadas a cabo para educar a la población sobre la prevención del delito de trata de personas. Ayala también ha destacado la importancia de difundir herramientas que faciliten la denuncia de estos casos, lo cual es vital para ofrecer una respuesta rápida y efectiva.
El proyecto también enfatiza la necesidad de detallar los operativos realizados en coordinación con las fuerzas de seguridad para desarticular redes de trata de personas en el Partido de General Pueyrredon. Además, se requiere información sobre las estrategias de coordinación junto a la Dirección de Políticas de Género y sobre la capacitación de los agentes municipales involucrados en la prevención y asistencia a las víctimas.
Ayala concluyó que “la articulación de políticas públicas es fundamental para enfrentar un delito que no solo vulnera derechos humanos básicos, sino que también deja huellas profundas en la comunidad”. Este proyecto se presenta como un esfuerzo significativo para abordar un problema complejo y urgente que requiere atención inmediata y medidas efectivas.
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