Viajar en el transporte colectivo de pasajeros por la ciudad de Mar del Plata no sólo es un golpe para el bolsillo del ciudadano, sino que también es una experiencia poco grata. A pesar de contar con una app, hay que armarse de paciencia para esperar colectivos que tardan en llegar más de la cuenta y una vez a bordo nos encontramos con unidades excedidas en su capacidad, con asientos rotos, ventanillas que no cierran, falta de higiene y seguridad.
Ante esta situación, desde la Defensoría del Pueblo se solicitó un pedido de informes a la Subsecretaría de Movilidad Urbana del municipio con el objetivo de conocer los controles efectuados sobre las empresas que prestan el servicio.
Con el objetivo de conocer los detalles de este pedido de informes, desde Portal Universidad se pusieron en contacto con Fernando Rizzi, defensor del pueblo de General Pueyrredon. En cuanto a los motivos de esta solicitud, el defensor dijo: “Es algo que hacemos regularmente y está motivado por la cantidad de quejas que hemos tenido de usuarios del sistema de transporte colectivo de pasajeros. Sobre todo son quejas vinculadas al tema frecuencias y el estado de los micros”.
“Lo que estamos pidiendo es saber cuántas actas se realizaron en el 2023 y su correlato con los años anteriores. Teóricamente se supone que las frecuencias están al mismo nivel que antes de la pandemia, es importante recordar que con la pandemia se redujeron y hoy tendría que estar el servicio funcionando normalmente”.
A los que añadió: “Sin embargo la gente da cuenta que tiene que hacer largas esperas en las paradas y los colectivos llegan demasiado cargados de pasajeros porque las frecuencias no se están cumpliendo. Averiguar esto surge de las potestades de la defensoría, de ser contralor del funcionamiento de la administración pública”.
Foto: Aplicación “Cuándo llega”. Fuente: MGP.
Asimismo, se refirió a otros datos que se solicitaron en el pedido de informes y dijo: “Estamos solicitando otras precisiones, por ejemplo el funcionamiento de la aplicación “Cuando llega”, que es la que los usuarios pueden descargar en sus teléfonos y les avisa a qué hora va a llegar el ómnibus a la respectiva parada. Sabemos que esa aplicación no estaría funcionando como corresponde porque hemos tenido bastantes quejas. Otro tema consultado es el funcionamiento del 0800, la línea telefónica de denuncias: queremos saber si está funcionando normalmente y como están trabajando con las denuncias de los vecinos. Esta inquietud surge por la cantidad de denuncias que recibimos en la defensoría ya que la primera instancia de denuncia tiene que ser en el área respectiva. Que lleguen los reclamos a la defensoría nos da la pauta de que las vías de reclamo previas no están funcionando como corresponde”.
Las empresas piden aumentar el boleto pero el servicio es cada vez más deficiente
En los últimos días, desde la cámara que nuclea a las empresas de transporte colectivo de pasajeros se solicitó aumentar el valor del boleto de colectivo en un 75% y llevar la tarifa a 209,38 pesos. Sobre este aspecto, Rizzi expresó: “El servicio es deficiente y tiene un precio alto. Es evidente que las cosas no están funcionando como deben”.
Foto: Publicación de usuarios en redes sociales que dan cuenta de la calidad del servicio.
“La higiene y el estado de las unidades es un tema que preocupa mucho, se escuchan muchas quejas y lo más preocupante es que muchas veces están mal dirigidas y terminan sufriendo las repercusiones los trabajadores. Observamos situaciones de violencia dirigidas hacia el conductor y esto tiene que ver con la crisis que estamos viviendo como sociedad. El chofer también termina siendo víctima de tratos degradantes por parte de usuarios del servicio cuando por conflictos que a veces no son responsabilidad del conductor”, agregó.
Por esta razón, Rizzi destacó la importancia de ejercer un adecuado control: “Es fundamental que las empresas cumplan las estipulaciones del contrato. Estos contratos siempre son establecidos por largos plazos, pueden ser 10, 20, 25 años se planteó en el último intento fallido de aprobar un pliego. Desde la defensoría nos opusimos por entender que era una concesión excesiva, pero además entendemos que el costo del boleto es alto. Hoy para el usuario el boleto es caro y creo que cuanto más suba el valor, sobre todo si aumenta la brecha de desproporción con relación al crecimiento de los salarios, más se va a profundizar esta crisis en el sistema”.
“La gente se queja con razón. Plantean su insatisfacción con el servicio y la concesión del transporte público de colectivos es el contrato más grande que tiene el municipio. Hay que controlarlo mucho y a partir de las situaciones que se dan con las empresas tenemos que tener un control intenso y periódico. Esperamos que los datos arrojen alguna información al respecto y los controles se hagan”, dijo.
Foto: Publicaciones de usuarios en redes sociales que dan cuenta de la calidad del servicio.
En cuanto al pliego que se encuentra en tratamiento en el Concejo, Rizzi dijo: “Queremos poder conocer el nuevo pliego, queremos participar de la discusiones como hicimos con el pliego anterior, que no salió aprobado y buscamos ampliar algunas cuestiones, como el tema pisos bajos, el tema plazos de concesión. Estamos esperando que se convoque a la ciudadanía a opinar y se nos informe las características de este nuevo pliego. Hay cuestiones importantes que resolver como la distancia apropiada entre paradas en función del tránsito y densidad de cada zona. En el micro hay casos puntuales como el de la calle Lamadrid entre Colón y la costa, donde pasan por esa misma cuadra 19 líneas de colectivos, es una situación desbordada”.
¿Qué pasa si el municipio no aporta los datos?
Respeto de las herramientas con las que cuenta la defensoría en caso de que el municipio haga caso omiso al pedido de informes, Rizzi dijo: “Ya hicimos en otra ocasión una reunión personal con Dante Galván, el subsecretario director del área hace un tiempo y solicitamos información sobre quién está controlando y cómo, que resultados arrojan esos controles y si tenemos frecuencias normales. En ese momento no nos dieron los datos precisos”.
Esta información es pública, eso significa que debería tener acceso y conocimiento toda la comunidad. No tenemos herramientas más que la ordenanza que establece la obligatoriedad, pero si no tuviéramos respuesta ante estos pedidos podemos alegar falta grave de los funcionarios.
“Esta información es pública, eso significa que debería tener acceso y conocimiento toda la comunidad. No tenemos herramientas más que la ordenanza que establece la obligatoriedad, pero si no tuviéramos respuesta ante estos pedidos podemos alegar falta grave de los funcionarios. Entendemos que tiene que haber predisposición para acercar la información y si no lo haremos público que las áreas no cumplen con su deber legal de dar informes sobre la situación”, concluyó.
Fuente: Portal Universidad
