El fiscal federal general de la ciudad de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, pidió que se condene a penas de hasta diez años de prisión a dos efectivos de la Policía bonaerense acusados de brindar protección a integrantes de una banda narco, consideró a los imputados como la «guardia pretoriana de la organización criminal», y sostuvo que se trataba de un caso de «corrupción que corroe las instituciones y ataca la vida en sociedad».
En el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 (TOF 1) de la localidad balnearia, Pettigiani consideró probado que entre 2014 y 2017 ambos efectivos liberaban la denominada zona roja de la ciudad, para facilitar la comercialización de estupefacientes a los miembros de una organización criminal.
Se trata de los policías Jonathan Moisés Arce y Carlos María Scaltritti, quienes están acusados además de vender personalmente marihuana en frascos de mermelada.
El fiscal realizó sus alegatos de cierre en una sala de audiencias casi vacía, en la que tanto los imputados como parte del tribunal estuvieron conectados por videoconferencia, debido a las medidas de distanciamiento social por el coronavirus.
Según señaló, los policías operaban como «guardia pretoriana de la organización criminal», cuyos integrantes fueron condenados a penas de hasta seis años de prisión en otro proceso, mediante un acuerdo de juicio abreviado, en septiembre de 2019.
«Estamos aquí frente a un caso de corrupción policial. Esta corrupción corroe las instituciones y ataca la vida en sociedad», dijo Pettigiani ante el juez Roberto Falcone, presente en la sala, y a los magistrados Héctor Sagretti y Omar Gutiérrez, en conexión remota desde los tribunales de San Martín.
El fiscal consideró que los integrantes de la organización, «necesariamente debían contar con el apoyo y la discrecionalidad de control por parte de las fuerzas de seguridad, concretamente, de agentes pertenecientes a la seccional policial con jurisdicción en la zona y la fuerza provincial especializada en prevenir y reprimir la comercialización de drogas, esto es, la Superintendencia del Tráfico de Drogas Ilícitas local».
El fiscal pidió nueve años y seis meses de prisión para Arce y diez para Scaltritti, en base a su jerarquía dentro de la fuerza, por el delito de «comercio de estupefacientes doblemente agravado».
«Ningún deber es más primario y sustancial para el Estado que el de proteger a su comunidad, cuidando de la vida y de la seguridad de los gobernados. Arce y Scaltritti violaron sus deberes legales, no sirvieron a la comunidad, no protegieron a quiénes debían y sí lo hicieron con las personas que delinquían», aseguró.
Según expuso, «como agravante específico» Pettigiani ponderó «el escándalo social que generaba la actividad de venta estupefacientes en la zona roja, que no sólo afectaba el bien jurídico del delito en análisis, sino que la actividad se proyectaba también a afectar el orden público, situación que se vio potenciada por la conducta desplegada por los imputados»
La investigación que llegó a la instancia de juicio oral se desarrolló durante casi dos años, con colaboración de fuerzas de seguridad federales, y en ese sentido, el fiscal subrayó «el escaso interés investigativo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en particular la División Drogas Ilícitas»
«Aún teniendo como una de las principales hipótesis del tráfico de estupefacientes en la ciudad la comercialización que se producía en la zona roja, según refiriera el jefe de esa época en esta audiencia, aparentemente nada sabían de ella ni de la organización que la movía», expresó.
En la misma línea, indicó que pese a las reiteradas denuncias de vecinos sobre la presunta venta de estupefacientes con personas trans en situación de vulnerabilidad en la denominada «zona roja», en las inmediaciones de avenida Luro y avenida Champagnat, «lo sabían todos, menos quienes debían perseguir ese delito».
El juicio en el TOC 1 marplatense continuará el próximo viernes 4, con los alegatos de la defensa.
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