Pulso legislativo en ebullición: la puja entre empresarios y la actualización de juicios laborales.
El escenario legislativo provincial se calienta ante la inminente votación del polémico proyecto que modifica la fórmula de actualización de los créditos laborales. En un cónclave celebrado en la capital bonaerense, representantes del bloque que responden al presidente Javier Milei (LLA) expusieron su férreo rechazo, mientras dos senadores de la oposición adelantaron su voto negativo.
Cerca de un centenar de empresarios, en representación de más de 60 cámaras sectoriales de distintos rincones bonaerenses, se congregaron la semana pasada para exhibir su descontento con la iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara Baja. El proyecto, impulsado por el oficialismo, propone aplicar una tasa compuesta por la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) más un 6% anual para la actualización de los créditos laborales.
La inquietud del sector privado radica en el temor a un impacto económico demoledor sobre las pequeñas y medianas empresas ante eventuales montos indemnizatorios «exorbitantes» derivados de esta fórmula. «De sancionarse esta ley, es el certificado de defunción de las pymes bonaerenses», advirtieron.
El encuentro, auspiciado por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y liderado por su presidente Camilo Alberto Kahale, contó con la presencia de dos legisladores provinciales de la fuerza opositora La Libertad Avanza: Sergio Vázquez y Paola Ventura.
Tras escuchar los planteos de los empresarios, Vázquez no dejó lugar a dudas: «Así como está el proyecto, desde el bloque vamos a votarlo en forma negativa». No obstante, el senador se mostró abierto al diálogo para «generar consensos y llegar a una tasa aplicable justa, conocida y predecible tanto para trabajadores como para empleadores».
La expectativa de un rechazo legislativo al proyecto oficialista ya venía tomando forma. Blas Taladrid, presidente de la UCIP y secretario de Hacienda de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), reveló que se han remitido más de 200 notas de oposición a la presidenta de la Cámara Alta provincial, Verónica Magario.
Jesús Osorno, titular de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, recalcó ante los senadores la necesidad de un «rechazo explícito» al proyecto, en consonancia con los reclamos planteados previamente a otros bloques opositores.
La polémica toma fuerza luego de que en febrero pasado comenzara a aplicarse el mismo criterio de CER + 6% en los tribunales laborales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una medida que la CAME logró revertir parcialmente al obtener que los juzgados nacionales implementen tasas inferiores.
En ese contexto, el malestar del empresariado bonaerense parece ir in crescendo ante la posibilidad de que la norma impulsada por el oficialismo provincial abra las puertas a una proliferación de la «industria del juicio» en detrimento de la actividad productiva.
Si bien el resultado de la votación en el Senado aún es incierto, la postura de los senadores de La Libertad Avanza y el respaldo de las cámaras empresariales evidencian que el debate promete estar cargado de tensión en las próximas semanas. La actualización de los juicios laborales se perfila como un nuevo campo de batalla político-económico en la provincia más poblada del país.
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