Los legisladores del Pro, el diputado provincial Guillermo Montenegro y el concejal Fernando Muro, apuntaron contra los disturbios generados por personas en situación de calle con antecedentes penales y exigieron priorizar a los vecinos que pagan sus impuestos.
La delicada situación en torno a la seguridad, las adicciones y la convivencia en el espacio público de Mar del Plata volvió a colocarse en el centro del escenario político local. A través de un enérgico y coordinado pronunciamiento en las redes sociales, dos de los principales legisladores del Pro en la región —el diputado provincial y exintendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, junto al concejal marplatense Fernando Muro— expresaron su profunda preocupación y marcaron una postura tajante frente a las problemáticas derivadas de determinados grupos de personas en situación de calle. Los funcionarios, que forman parte del gobierno local, focalizaron sus críticas en aquellos individuos que poseen antecedentes delictivos o padecen consumos problemáticos, cuyas conductas, según denunciaron, alteran gravemente la vida cotidiana de los vecinos trabajadores y los comerciantes de la ciudad.
El eje del reclamo de los legisladores del Pro radica en establecer una prioridad clara en la acción del Estado y en la asignación de la mirada social, orientándola firmemente hacia el resguardo de los ciudadanos cumplidores. Desde la óptica de las autoridades, los episodios de violencia y desorden que se registran en las arterias comerciales y residenciales no deben ser minimizados ni justificados bajo la mirada de la vulnerabilidad socioeconómica o climática, sino que deben ser abordados con el rigor correspondiente a la prevención y sanción del delito común.
En este sentido, el diputado provincial Guillermo Montenegro fue taxativo y plasmó su postura en un mensaje que luego fue convalidado de manera idéntica por el concejal Fernando Muro en el ámbito del Concejo Deliberante, unificando el discurso de la fuerza oficialista en la ciudad. Montenegro manifestó textualmente: «La única mirada social permitida es amparando a los ciudadanos que pagan sus impuestos y hacen las cosas bien. Porque lo van a querer disfrazar de víctimas del frío, lo van a querer disfrazar de pobreza, lo van a querer disfrazar de “consumo problemático”. Acá, la única “problemática” es que hay delincuentes con prontuario merodeando en las puertas de las casas de los vecinos y de los comercios. Se pelean, gritan a cualquier hora, rompen botellas, afanan, dicen malas palabras adelante de los chicos. Ahora parece que la ciudad importó un 30% más de fisuras sin orden de compra. Ya sabemos que los traen, también sabemos desde dónde, también sabemos para qué. No se puede aflojar. Ni un paso atrás. A dormir al parador. Para hacer quilombo, volvé a tu ciudad de origen».
La contundente declaración de los legisladores del Pro introduce una grave denuncia referida al incremento del flujo de estas personas hacia Mar del Plata. De acuerdo con las estimaciones señaladas en el texto, se habría registrado un aumento del 30% en la llegada de individuos con estas características complejas. Lejos de atribuir este incremento a una dinámica migratoria casual o estacional, las expresiones de los referentes gubernamentales sugieren un traslado organizado desde otras localidades con propósitos específicos que atentan contra la tranquilidad pública del distrito.
Frente a esta coyuntura, la posición del oficialismo marplatense contempla una directiva clara para la utilización de los recursos municipales disponibles: aquellos que requieran asistencia deben someterse a las normas de convivencia y dirigirse de manera obligatoria a los paradores destinados para tal fin. La advertencia final de los legisladores remarca que la tolerancia ante disturbios como peleas callejeras, rotura de elementos en la vía pública, ruidos molestos y robos menores es nula, exigiendo que quienes provengan de otras jurisdicciones y alteren el orden sean devueltos a sus lugares de procedencia.
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