La diputada marplatense de La Libertad Avanza reimpulsa un proyecto para revertir la cesión de 140 hectáreas en manos de la provincia de Buenos Aires y organizaciones vinculadas a Juan Grabois. Vecinos y autoridades locales denuncian «prebendas políticas» y un «negocio inmobiliario» en perjuicio de la comunidad.
En un nuevo capítulo de la polémica por el destino de las tierras de El Marquesado, ubicadas en el partido de General Pueyrredón, la diputada nacional Juliana Santillán (La Libertad Avanza) volvió a poner el tema en el centro del debate legislativo. A través de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, la legisladora marplatense reclamó la reversión de la cesión de 140 hectáreas costeras a la provincia de Buenos Aires y, finalmente, a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), liderada por Juan Grabois. La iniciativa, que ya había perdido estado parlamentario meses atrás, fue reingresada con el respaldo de su bloque y en medio de un cruce de acusaciones entre el gobierno nacional, el provincial y organizaciones sociales.
El origen del conflicto: tierras públicas en disputa
El predio en cuestión, de 140 hectáreas, está situado en el kilómetro 553 de la Ruta Provincial 11, entre Chapadmalal y Miramar. Históricamente, el área fue gestionada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), pero en febrero de 2023 se concretó su cesión a la Asociación Civil “Tercer Tiempo”, vinculada al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois. Meses después, en noviembre, el gobierno de Axel Kicillof formalizó la transferencia al Ministerio de Producción bonaerense, con el argumento de impulsar un proyecto agroecológico.
Sin embargo, vecinos autoconvocados y autoridades locales denunciaron desde el primer momento una “usurpación encubierta” y un manejo discrecional de los recursos públicos. “Esto no es más que una prebenda política partidaria. Kicillof y Alberto Fernández le entregan tierras a Grabois para sus negocios, mientras los habitantes de Chapadmalal y Miramar quedan como rehenes de un proyecto que no fue consultado”, aseguró Santillán en diálogo con este medio.
Las declaraciones de Santillán: “Un plan para beneficiar a Grabois”
La diputada, quien asumió su banca en diciembre de 2023, sostuvo que su proyecto busca “detener un negocio inmobiliario que se gestó en las sombras”. En una entrevista grabada, Santillán fue contundente: “La política de Alberto Fernández, ¿por qué? Porque lo que hace Alberto Fernández como presidente es cederle tierras a la provincia de Buenos Aires, a AXA [AABE] y decirle: ‘¿Para qué? Para el plan final de cederse a Grabois’. Pero, ¿qué sucede? Si no fuera por esos 200 habitantes que tiene la localidad, quizás avanzar en ese proyecto de huerta de Grabois” .
La legisladora cuestionó además la falta de transparencia en el proceso: “Si bien asumí la banca en el 23, lo que hice fue presentar un proyecto de resolución, digamos, volver hacia atrás, presión de derechos a la provincia de Buenos Aires para poder recuperar estas tierras. Obviamente, perdió estado parlamentario. No se consiguieron las firmas y cayó. Hoy, tarde, volví a ingresar al mismo proyecto. Ya fue girado a las firmas de mi bloque, los cuales se acompañan” .
Santillán aseguró que el Ejecutivo nacional estaría dispuesto a rever la decisión: “Y por supuesto, y tengo la autorización para decirlo, estoy en conversación con el gobierno nacional. Para tomar adecuada este gobierno, que no le cedió las tierras a Grabois, que no tiene que ver con la cesión de derechos a la provincia de Buenos Aires, que ese cartel en el Organismo Nacional, a través de un proyecto que volví a presentar hoy, hoy estamos con el gobierno nacional trabajando para la mejor resolución de este tema” .
Vecinos y autoridades locales: “Un atropello institucional”
La disputa por El Marquesado no solo involucra a los actores políticos. En marzo de 2023, vecinos de la zona denunciaron la ocupación irregular del predio por parte de integrantes de Tercer Tiempo, acompañados por Gabriela Carpineti, funcionaria del Ministerio de Justicia nacional. El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, radicó una denuncia penal por “usurpación y abuso de autoridad”, que actualmente tramita el juez federal Ariel Lijo.
“Esto es una provocación. Primero, el kirchnerismo entrega tierras a una organización con antecedentes cuestionables, y ahora el gobierno provincial pretende legitimar ese despojo. Los vecinos no vamos a permitirlo”, afirmó un referente de la Asamblea de Chapadmalal, quien prefirió mantenerse en reserva.
El argumento oficial: “Un proyecto productivo con impacto social”
Desde el Ministerio de Producción bonaerense, en tanto, defendieron la cesión al sostener que el área será destinada a un “emprendimiento agroecológico con participación de comunidades vulnerables”. En un comunicado, destacaron que el convenio con CTEP incluye la creación de huertas comunitarias, un centro de investigación científica y viviendas sociales. “Este proyecto busca revertir décadas de abandono estatal en la región. No se trata de un favor político, sino de una política pública integral”, indicaron fuentes oficiales.
El futuro del conflicto: entre la Justicia y el Congreso
Mientras la causa judicial avanza en los tribunales federales, el proyecto de Santillán deberá ser debatido en las comisiones de Legislación General y de Agricultura de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la diputada confía en que el recambio legislativo de 2025 inclinará la balanza a favor de su postura.
“El Marquesado no puede ser moneda de cambio entre el Estado y los movimientos sociales. Es un bien público, y como tal debe ser administrado con control ciudadano y transparencia”, sentenció Santillán, en línea con el reclamo de los vecinos que, desde hace meses, están en estado de alerta para evitar nuevas ocupaciones.
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