La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó la semana pasada un amparo colectivo para que la Justicia ordene al Estado nacional a suministrar aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que le hayan recetado este tipo de sustancias para el tratamiento de enfermedades.
La acción, radicada en el Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N°2 de La Plata, apunta a que el Ministerio de Salud y el de Desarrollo Social de la Nación cumplan con la ley 27.350 y suministren estos productos en forma gratuita a quienes formen parte del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, o bien bajo cargo para quienes no están dentro de este listado y tengan prescripción médica del uso del aceite.
“Este amparo es una respuesta a los reclamos que recibimos de asociaciones civiles, ONG’s y particulares, quienes expresaron que el gobierno nacional no cumple con la ley, lo que genera dificultades burocráticas y económicas para adquirir un aceite de cannabis que no se está produciendo en el país, situación que pone en riesgo la continuidad de los tratamientos que deban llevar adelante las personas afectadas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
En esa línea, aseguró que “son numerosos los derechos fundamentales que se encuentran comprometidos, pero particularmente la imposibilidad de acceder al cannabis medicinal a través del Programa viola los derechos a la salud, a la mejor calidad de vida posible y a gozar legítimamente de los beneficios del progreso científico”.
La Defensoría cuestionó que, además del incumplimiento de la ley por parte del gobierno nacional, los laboratorios de producción pública de medicamentos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) no están produciendo ni comercializando actualmente cannabis para uso medicinal, terapéutico y/o de investigación, y tampoco el INTA ni el CONICET se encuentran realizando tareas de investigación para con fines médicos y científicos.
