En un contexto de creciente preocupación por la situación económica de los jubilados en Argentina, la Unión Cívica Radical (UCR) ha tomado la iniciativa de proponer una solución legislativa que promete ser un punto de inflexión en la protección de los derechos de este sector vulnerable de la población.
El proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria, elaborado por el Bloque de la UCR, ha logrado un hito significativo al obtener el respaldo de dos tercios del Congreso de la Nación Argentina. Este amplio apoyo refleja un consenso político sobre la urgencia de abordar la problemática de los haberes jubilatorios en el país.
El próximo miércoles 11 de septiembre marca una fecha crucial en el calendario legislativo, ya que el proyecto será sometido a consideración tras haber recibido un veto presidencial. En este contexto, el Comité Provincia de la UCR ha hecho un llamado enérgico a todos los diputados nacionales que previamente respaldaron la iniciativa, instándolos a mantener su posición y ratificar con su voto esta ley que se perfila como un baluarte de protección para los jubilados.
Movilidad jubilatoria: una herramienta de protección para todos los jubilados: Desde el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical acompañamos el proyecto de Ley de Movilidad Jubilatoria… https://t.co/U329PmURss
— UCR Buenos Aires (@UCRBuenosAires) September 10, 2024
Maximiliano Abad, Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires y una de las voces más prominentes en la defensa de este proyecto, ha sido enfático al describir los objetivos y alcances de la propuesta. «El proyecto de ley que elaboró la UCR busca mejorar el poder adquisitivo de los jubilados. Es una fórmula que permite recuperar lo que perdieron este año. Ellos no deben ser nunca una variable de ajuste», declaró Abad, subrayando la importancia de considerar a los jubilados como un sector prioritario en las políticas económicas del país.
Por su parte, el Presidente de la UCR bonaerense amplió sobre los detalles técnicos de la ley, explicando que «la ley que aprobamos el 22 de agosto con 61 votos a favor, permite la recuperación de haberes de las jubilaciones a los valores de enero de este año y regula de manera más equitativa la recomposición de las jubilaciones ligadas a un índice validado como el IPC». Esta medida busca no solo recuperar el terreno perdido por la inflación, sino también establecer un mecanismo de ajuste más justo y previsible para el futuro.
Un aspecto crucial del proyecto, y que ha sido objeto de debate, es su viabilidad económica. Ante las preocupaciones sobre el impacto fiscal de la medida, Abad fue categórico: «Se trata de una ley que no desfinancia al Estado y que busca proteger a los jubilados de las variaciones inflacionarias. Para ello, se hicieron los estudios correspondientes y la sustentabilidad fiscal de lo que pauta la ley». Esta afirmación busca disipar temores sobre posibles desequilibrios en las cuentas públicas, un tema sensible en la actual coyuntura económica del país.
La posición de la UCR en este tema refleja una visión más amplia sobre el rol del Estado en la economía y la sociedad. «Somos una fuerza política que cuestionó siempre el populismo que quebró las finanzas públicas pero al mismo tiempo, queremos un Estado racional, inteligente y superavitario que proteja a quienes más lo necesitan», argumentó Abad, delineando una postura que busca equilibrar la responsabilidad fiscal con la protección social.
El debate sobre esta ley se da en un momento particularmente crítico para los jubilados argentinos, quienes han visto erosionado su poder adquisitivo en los últimos años debido a la alta inflación y a mecanismos de ajuste que no han logrado mantener el ritmo del aumento del costo de vida. La propuesta de la UCR busca no solo corregir esta situación, sino también establecer un precedente en la forma en que se abordan las políticas de seguridad social en el país.
A medida que se acerca la fecha de consideración del veto presidencial, todas las miradas están puestas en el Congreso. La decisión que se tome no solo afectará a millones de jubilados en lo inmediato, sino que también podría sentar las bases para futuras políticas de protección social en Argentina. La UCR, por su parte, mantiene firme su posición, considerando este proyecto como una herramienta fundamental para garantizar una vejez digna a los ciudadanos argentinos.
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