El intendente municipal del Partido de General Pueyrredon defendió el accionar de la Patrulla Municipal y aseguró que la gestión no retrocederá en su política de orden público y seguridad ciudadana frente a los cuestionamientos del organismo provincial.
En un nuevo capítulo de la tensión política entre el municipio y organismos provinciales, se confirmó que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia formal contra la administración local. El eje del conflicto radica en el desempeño de la Patrulla Municipal, fuerza que ha sido central en la estrategia de seguridad de la actual gestión para intervenir en la vía pública. Ante este escenario, Agustín Neme expresó su rechazo a la medida judicial, vinculándola con acciones previas similares dirigidas contra el intendente Guillermo Montenegro.
Desde el Ejecutivo local se sostiene que esta denuncia no es un ataque personal, sino una ofensiva contra los propios marplatenses que se ven beneficiados por las tareas de prevención y cuidado de la patrulla. Según la postura oficial, el accionar municipal busca resguardar a los residentes de personas que ejercen maniobras extorsivas y pretenden apropiarse del espacio que pertenece a todos los ciudadanos.
Críticas al financiamiento y prioridades provinciales
Un punto central del descargo de Neme se enfoca en el origen y destino de los fondos que sustentan a la CPM. El funcionario recordó que se trata de un ente provincial financiado mediante la recaudación impositiva de los bonaerenses. En este sentido, cuestionó que los recursos estatales se empleen para lo que calificó como una «persecución» contra quienes intentan brindar seguridad a los vecinos.
«El dinero que la Provincia destina para financiarlos debería dedicarse a reforzar la Seguridad y arreglar IOMA», sentenció, marcando una clara distinción entre las prioridades de la gestión bonaerense y las necesidades urgentes de la comunidad. Asimismo, comparó la filosofía de estos organismos con incidentes previos de ocupación de tierras, mencionando específicamente el intento de toma de 140 hectáreas en El Marquesado.
Un modelo de gestión basado en el orden
El posicionamiento de la administración local se enmarca en una visión política que destaca el cambio de rumbo nacional iniciado en gestiones anteriores y profundizado en la actualidad. Bajo esta premisa, se argumenta que Mar del Plata ha elegido un modelo donde el Estado prioriza la protección del ciudadano honesto por sobre quienes infringen la ley.
Neme recordó que esta línea de trabajo no es nueva, sino que es la continuación de una «pelea» iniciada hace seis años junto a Guillermo Montenegro. Como ejemplo de este compromiso, mencionó la intervención en la denominada «Zona Roja», una problemática que no había recibido respuestas concretas durante tres décadas hasta la presente gestión.
Para el oficialismo, la distinción es clara: tanto los denominados «trapitos» que extorsionan en la vía pública como aquellos que usurpan viviendas o terrenos son considerados delincuentes que alteran la convivencia social. El objetivo planteado es garantizar que las familias, los estudiantes y los adultos mayores no se vean obligados a convivir con situaciones de violencia o ilegalidad en sus barrios.
Finalmente, el mensaje desde el Palacio Municipal fue de absoluta firmeza. Aseguraron que apelarán cualquier medida judicial y que no habrá retrocesos en la política de control del espacio público. La gestión ratificó que su mandato principal, validado por el voto popular, es sostener el orden, defender al vecino que trabaja y hacerse cargo de la seguridad integral en General Pueyrredon.
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