La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto del Poder Ejecutivo, vinculado con la investigación de delitos de lesa humanidad, que busca reglar los procedimientos de ADN.
Este proyecto forma parte de un conjunto de iniciativas enviadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner semanas atrás, en el marco de un homenaje a los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplirse el 30 aniversario de su histórica visita al país en plena dictadura.
La sesión se desarrollo con la presencia de integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo en los palcos y de otros organismos de derechos humanos.
La encargada de defender el proyecto para regular la obtención de ADN, fue la diputada oficialista Nora César, titular de la comisión de Legislación Penal, quien consideró que la norma «enfrenta la averiguación de la verdad como meta principal del proceso penal frente a la intimidad e integridad física de las personas».
En un emocionado discurso, la legisladora oficialista explicó que el proyecto del Poder Ejecutivo busca «atender al colectivo de niños, ayer mayores, que fueron entregados a otras personas para que los criaran como propios».
En esa línea, el titular de la comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto, remarcó que la norma «viene a dar respuesta a la solución amistosa entre el Estado argentino y las Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar mecanismos y herramientas que faciliten la búsqueda de la identidad de los hijos de nuestros compañeros».
Carlotto sostuvo que los alcances del proyecto fueron «tendenciosamente» informados, al precisar que la iniciativa «no» establece una «extracción compulsiva de sangre» como indicaron algunos medios.
El proyecto busca reglar los procedimientos para realizar estudios de ADN y contempla la posibilidad de realizar otras medidas «menos lesivas» para asegurar el pleno goce los derechos de las personas como «la extracción de muestras mínimas de sangre, saliva, piel y cabello».
En los fundamentos del proyecto, se sostiene que el Estado tiene «el deber jurídico» de prevenir razonablemente las violaciones a los derechos humanos «a fin de identificar a los responsables de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación».
Desde la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, pidió la vuelta a comisión de la iniciativa y afirmó que no es «una enemiga» sino que quería «que se discuta más la norma y no se vulneren los derechos de las presuntas víctimas».
Por el radicalismo, el diputado Pedro Azcoiti, consideró que el proyecto «es un avance» pero pidió profundizar el debate de la norma «con el compromiso de tratarlo en la próxima sesión».
Por su parte la diputada del bloque Movimiento Libres del Sur e hija de desaparecidos, Victoria Donda, consideró a esta día como «uno de los más especiales desde que ingresé a la Cámara» y tras leer el nombre de los 98 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo pidió la votación de la ley.
Dijo que desde su condición de hijos de desaparecidos debieron sufrir «la tortura que es no saber quien sos; la tortura de estar esperando que se muera la gente que dice que son tus padres, que los querés, y que mientras tanto pasa el tiempo se pueden estar muriendo tus verdaderos abuelos».
