El diputado provincial denuncia vulneración de garantías constitucionales y acusa a las fuerzas de seguridad de actuar bajo un «protocolo antipiquetes inconstitucional».
El diputado provincial Gustavo Pulti emitió un contundente comunicado a través de sus redes sociales, repudiando el operativo llevado a cabo por la Prefectura Naval Argentina contra trabajadores y sus familias durante un reclamo salarial frente al Frigorífico La Bella, en el puerto de Mar del Plata. Según el legislador, las fuerzas de seguridad actuaron bajo el amparo de la polémica Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad Nacional —conocida como «protocolo antipiquetes»—, la cual calificó como «inconstitucional» por carecer de una orden judicial que avalara el procedimiento.
La Resolución 943/23, impulsada por el Ministerio de Seguridad, habilita a las fuerzas federales a desalojar manifestaciones sin orden judicial previa, medida que ha generado amplio rechazo de organizaciones de derechos humanos y sectores políticos opositores. El conflicto en el Frigorífico La Bella se suma a una serie de tensiones sociales en un contexto económico crítico, marcado por demandas salariales en múltiples sectores productivos.
«Reprimieron, criminalizaron y estigmatizaron a un grupo de trabajadores que ejercían su derecho a protestar pacíficamente por reclamos salariales», declaró Pulti, subrayando el carácter laboral de la movilización. Además, alertó sobre el «grave peligro» que implica para los derechos ciudadanos la aplicación de medidas que, según su perspectiva, violan principios constitucionales como la división de poderes, la legalidad penal y la garantía de manifestación.
El diputado dirigió fuertes críticas al Gobierno Nacional y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusándolos de avalar «actos de violencia aberrantes e inusitados» contra la protesta social. Asimismo, cuestionó el rol del gobierno municipal: «¿Estuvo al tanto de esta represión? Su historial antidemocrático y persecutorio sugiere complicidad en la violación de derechos tan básicos como trabajar y expresarse pacíficamente», afirmó.
Pulti enfatizó que el episodio no solo refleja una política de seguridad «represiva», sino también un ataque sistemático a las garantías constitucionales. «Esto no es solo un hecho aislado: es parte de una estrategia que busca silenciar las voces de los trabajadores», concluyó, exigiendo una investigación y la derogación inmediata del protocolo antipiquetes.
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