En un procedimiento coordinado por la Justicia Federal y ARCA, más de cien efectivos de Prefectura Naval Argentina intervinieron el polémico mercado informal ubicado en pleno corazón de Mar del Plata, restringiendo la circulación y requisando mercadería en infracción.
La postal más emblemática de la ciudad amaneció este miércoles bajo un estricto cerco de seguridad. En un despliegue de magnitud inusual, fuerzas federales desembarcaron en la feria de la Rambla, popularmente conocida como «La Saladita de la Bristol», para ejecutar un operativo de control encuadrado en la Ley de Marcas. El procedimiento, que contó con el respaldo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la intervención directa de la Justicia Federal, puso la lupa sobre el comercio de productos falsificados y el origen de la mercadería comercializada en el sector.
Desde las primeras horas de la mañana, un centenar de efectivos de la Prefectura Naval Argentina tomó posiciones estratégicas que abarcaron la totalidad del predio ferial, extendiéndose hasta la zona de arena. Con el objetivo de evitar el traspaso de artículos o el retiro de bultos hacia la playa, se establecieron restricciones de circulación mientras los agentes supervisaban minuciosamente cada puesto. La orden fue clara: auditar los movimientos de los feriantes y asegurar la mercadería hasta la llegada del personal técnico de ARCA.
La feria, situada detrás del Skate Park —entre la peatonal San Martín y la calle Rivadavia—, es un epicentro de la economía informal que ofrece desde indumentaria deportiva y tecnología hasta artículos para el hogar. Sin embargo, su funcionamiento es el foco de un conflicto político y judicial de larga data. Los controles actuales no solo buscan resguardar los derechos de propiedad intelectual ante la venta de réplicas, sino también investigar posibles delitos previos en la cadena de comercialización, determinando la trazabilidad de los productos que llegan al consumidor final.
Un trasfondo de tensión política y judicial
Este operativo no ocurre en el vacío. Se da en un contexto de máxima tensión entre el Ejecutivo local y la administración provincial. Cabe recordar que el intendente Guillermo Montenegro ya había formalizado una denuncia penal ante los juzgados federales de «La Feliz» solicitando el desalojo definitivo de este espacio. El jefe comunal fundamentó su pedido en informes de la Secretaría de Seguridad y Obras Sanitarias que advierten sobre un «riesgo cierto y serio en la seguridad y salubridad pública», además de calificar al sector como una zona de «abandono» por parte del gobierno de Axel Kicillof.
La disputa por la jurisdicción de la Rambla, el Puerto y Punta Mogotes ha sido una constante en la agenda marplatense. Mientras el municipio reclama el control para «realizar las obras necesarias a través de la inversión privada», desde la Provincia se han anunciado licitaciones y reformas que, según la mirada local, fomentan una «conurbanización» de la ciudad. Para la gestión de Montenegro, la feria representa una degradación del patrimonio histórico y una competencia desleal frente al comercio registrado, dado que los puestos funcionan bajo permisos precarios renovados por décadas y, en muchos casos, con mercadería proveniente de «La Salada» de Buenos Aires sin la debida facturación.
Las actuaciones judiciales de esta jornada refuerzan la presión sobre este símbolo de la informalidad, que hoy se encuentra bajo la vigilancia estricta de la ley nacional en uno de los puntos turísticos más sensibles del país.
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