Dos proyectos de ley enviados el viernes por el Poder Ejecutivo al Senado buscan afianzar la soberanía argentina sobre las aguas del Atlántico Sur, las Islas Malvinas y su espacio marítimo circundante, mediante la creación de un consejo asesor y el establecimiento de la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina.
El proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes tiene 10 artículos y prevé el establecimiento de ese cuerpo en el ámbito de la Presidencia de la Nación.
Las funciones del Consejo, sostiene el artículo 2 en sus cinco incisos, serán: «Contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía» sobre Malvinas, las islas Georgias y Sanwich del sur y los espacios marítimos circundantes.
Además, deberá colaborar en «sustentar» la elaboración de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos «geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos» y «proponer y llevar adelante actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de soberanía».
El Consejo también tendrá como función «colaborar en la difusión y promoción de los derechos argentinos» en el «ámbito regional y global» y «proponer estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los ex combatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares».
El artículo 3 dispone que el Consejo estará integrado por el presidente de la Nación, quien lo presidirá, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y un diputado y un senador designados por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria en cada una de las cámaras.
El Consejo estará integrado, además, por el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dos especialistas en Derecho Internacional, tres representantes del sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia y un representante de los ex combatientes de Malvinas.
Los integrantes del cuerpo, que podrán ser reelegidos, permanecerán en sus funciones cinco años y dictarán su propio reglamento interno de funcionamiento.
El proyecto de ley dispone que el Consejo «adoptará sus recomendaciones, con carácter no vinculante, por consenso», podrán «delegar su participación en las reuniones y actividades que se lleven a cabo en el marco de dicho consejo» y aclara que las personas en quienes deleguen esa representación «desempeñarán sus funciones en este consejo con carácter ‘adhonórem'».
Asimismo, contará con una Coordinación Ejecutiva, que estará a cargo de la Secretaría de Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y tendrá los deberes y atribuciones que se le asignen en el Reglamento Interno.
El otro proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, que consta de 4 artículos, establece los límites exteriores definitivos de la plataforma continental, más allá de las 200 millas.
En los fundamentos, el Ejecutivo manifestó que el «profundo trabajo técnico y científico llevado a cabo por la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (Copla), «reafirma nuestros derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y subsuelo de nuestra plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias, vieiras, esponjas, langostinos, mejillones, etc.».
«La República Argentina ha demarcado el límite exterior de su plataforma continental cumpliendo con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del Mar (Convemar) y con las directrices científicas y técnicas y el reglamento de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC)», expresa la iniciativa en sus fundamentos.
En ese sentido, el Ejecutivo destacó en los fundamentos de la propuesta que, «a su vez, se han obtenido datos inéditos para el conocimiento del margen continental argentino, con el fin de que el trazado de ese límite sea el más beneficioso para el país, respetando las fórmulas y restricciones previstas en la normativa internacional».
Télam
