Con miras a reducir costos y modernizar un sistema anquilosado, el Gobierno dispuso medidas de fuerte impacto como el cierre masivo de registros, recortes de personal, digitalización de trámites y apertura a la competencia en insumos y aranceles.
Buenos Aires, 3 de mayo de 2024. El Ministerio de Justicia ha dado a conocer un ambicioso plan de reformas en los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), con el objetivo de reducir costos, eliminar trámites obsoletos y modernizar integralmente el sistema.
Luego de una auditoría inicial, se dispondrá el cierre del 40% de las inscripciones vigentes de automotores, comenzando por aquellas que registren una antigüedad superior a los 2 años sin movimientos. Esta medida aspira a achicar la pesada estructura burocrática y mejorar la eficiencia operativa.
Asimismo, se reducirá en un 30% la planta de personal de la Dirección de Registros a través de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Se eliminarán trámites engorrosos como el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba a informar las ventas vehiculares.
En cuanto a las acreditaciones obligatorias, desde mayo regirá el libre tránsito con la sola exhibición de la cédula verde física o digital, derogándose las habilitaciones por permisos especiales o «cédulas azules». Gradualmente se abolirá también el régimen de cédulas para los 0km.
Con el fin de garantizar transparencia, los Registros deberán autofinanciar el 100% de sus gastos operativos mediante los aranceles que perciban, pudiendo ser auditados en cualquier momento. Se digitalizarán todas las constancias para conformar un registro unificado nacional, desechándose los legajos en soporte papel.
Se buscará reducir hasta un 70% el costo actual de las transferencias mediante convenios con las provincias para unificar las tasas registrales. Además, se derogará el monopolio de la Casa de Moneda en la provisión de insumos como chapas patente, habilitando la libre competencia.
Para evitar cualquier cuestionamiento sobre la idoneidad e imparcialidad de los funcionarios, se implementarán concursos públicos transparentes que inhabiliten a quienes hayan tenido cargos políticos en la última década o no cuenten con antecedentes técnicos en la actividad.
La segunda etapa contempla auditar el contrato de concesión del DNRPA, profundizar la digitalización de trámites y reducir sustancialmente los costos de transferencias y inscripciones iniciales.
«Estamos dejando atrás prácticas añejas que burocratizaban en exceso los trámites vehiculares, para transitar hacia un modelo ágil, transparente y acorde a los estándares tecnológicos actuales», señaló un vocero oficial.
Si bien replantear por completo un sistema instalado durante décadas implica enormes desafíos, las autoridades confían en que las medidas adoptadas sentarán las bases para brindar servicios registrales más eficientes y a costos razonables para la ciudadanía.
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