A través de un documento, la Asociación de Empresas Hoteleras y Gastronómicas (AEHG) detalló el impacto del bloqueo de cuentas operativas por demoras menores y la prohibición legal de refinanciar planes caídos, alertando por la sostenibilidad del empleo.
Las pequeñas y medianas empresas pertenecientes a los sectores gastronómico y hotelero de Mar del Plata se encuentran actualmente en una situación de extrema vulnerabilidad financiera. Al tratarse de estructuras productivas de trabajo intensivo, la fragilidad que exhiben en el presente deriva de una recesión generalizada que ha erosionado por completo su capital de trabajo. Según se especificó en un comunicado emitido por la entidad que nuclea al sector, este escenario se ve drásticamente agravado por la inmediatez con la que se ejecutan las medidas cautelares de carácter fiscal. Las empresas denunciaron que ante atrasos de apenas unos pocos días, la dinámica recaudatoria implementa el bloqueo directo de las cuentas operativas, lo que transforma de manera inmediata una tensión coyuntural de liquidez en una parálisis total y absoluta de los establecimientos comerciales, prescindiendo de plazos razonables para el cumplimiento.
El impacto financiero que acarrean estos embargos resulta crítico para el sostenimiento cotidiano de las firmas. Al congelarse los fondos que están destinados de forma estricta a cubrir el giro diario del negocio, el sistema administrativo provoca de manera automática la caducidad de los planes de facilidades de pago vigentes, los cuales habían sido suscritos por los propios contribuyentes con la intención explícita de regularizar su situación ante el Estado. Al producirse dicha caducidad, las obligaciones fiscales reingresan de manera directa a la rueda del reclamo en el ámbito judicial. En esta instancia de ejecución, la deuda original se incrementa sensiblemente debido a la adición de intereses punitorios y a la carga de los honorarios correspondientes a los agentes fiscales intervinientes, volviendo el pasivo total inmanejable para las pymes.
De acuerdo con lo expresado en el texto difundido por la AEHG, bajo el marco de la normativa actual —regida por las limitaciones que impone la Resolución General 5321—, las empresas del sector quedan atrapadas en un vacío legal absoluto. La reglamentación técnico-impositiva vigente prohíbe de manera taxativa el acceso a planes especiales de regularización a aquellos contribuyentes que se encuentren bajo la condición de embargados. Asimismo, el ordenamiento vigente no contempla ninguna norma de carácter excepcional que habilite a los establecimientos a rescatar, reestructurar o refinanciar aquellas obligaciones que provengan de planes de facilidades previos que ya hayan caducado. El sistema administrativo impide explícitamente volver a financiar los compromisos caídos, dejando a las firmas desprovistas de una salida legal admisible.
Este escenario de endeudamiento recurrente y restricciones normativas genera, de forma simultánea, un aislamiento crediticio total para las pequeñas y medianas empresas. Al intentar apelar al crédito bancario externo con el objeto de contener las ejecuciones fiscales y levantar los embargos de las cuentas, las pymes hoteleras y gastronómicas se encuentran con el rechazo sistemático de las entidades financieras. La baja rentabilidad sectorial y el marcado deterioro observable en los balances contables —los cuales constituyen una consecuencia directa de la recesión económica general— obturan el acceso a las líneas de financiamiento. Ninguna institución bancaria otorga fondos a firmas cuyos estados de resultados reflejan utilidades pulverizadas por el incremento sostenido de los costos operativos y la asfixia impositiva reinante.
En este contexto de imposibilidad financiera y técnica absoluta, la sustentabilidad de los puestos de trabajo en los hoteles y restaurantes de la ciudad queda severamente comprometida. Los integrantes del sector sostuvieron en su comunicado que el marco regulatorio vigente actúa como un mecanismo de liquidación indirecta de las pymes, en tanto prohíbe la refinanciación de las obligaciones caídas, incrementa los saldos mediante accesorios judiciales y restringe el acceso al mercado de crédito formal debido a la fragilidad patrimonial de las empresas. Por tales motivos, se remarcó la urgencia de contar con una tutela productiva real que disponga la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales por plazos razonables, y que habilite una moratoria efectiva o una refinanciación de los planes caducos. Sin estas modificaciones, se condena al cese de actividades a firmas que manifiestan voluntad de pago pero carecen de herramientas técnicas para normalizarse.
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