La Diputada Nacional Fernanda Raverta le solicitó el Gobierno nacional el pleno cumplimiento de la Ley Nacional 25724 que crea el Programa Nutrición y Alimentación Nacional. Asimismo, el proyecto solicita información sobre distintos aspectos relacionadas con las políticas alimentarias desarrolladas por Cambiemos en los últimos tres años, como la situación actual de los comedores comunitarios y escolares, el estado del Fondo Especial de Nutrición y Alimentación y de la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación creados por la ley.
«Es indispensable que se garantice el acceso al alimento de toda la población, en especial las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Ya pasaron 16 años de la sanción de esta ley, y la situación alimentaria que había mejorado notablemente ha vuelto a empeorar en tan solo 3 años, y está en permanente retroceso, tal cual lo reflejan los informes de observatorios nacionales y organismos internacionales como UNICEF», destacó la diputada marplatense
Es de destacar que UNICEF presentó recientemente un informe que muestra que un 42% de los niños, niñas y adolescentes viven bajo la línea de pobreza (5,5 millones) y el 8,6% vive en hogares que no alcanza a cubrir la canasta básica de alimentos. Se trata del segmento más postergado de la sociedad.
La iniciativa impulsada por la diputada surge a partir del trabajo realizado con el «Frente por una niñez protegida», integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática el cual evidencia falta de alimentos en cantidad y calidad adecuadas para gran parte de la población, en especial los niños, niñas y adolescentes y en conocimiento del daño irreversible que esa falta produce sobre su salud actual y futura.
«En el marco del cumplimiento de los 30 años de la Convención de los Derechos de niños, niñas y adolescentes solicitamos el cumplimiento del derecho a la alimentación de la infancia. El Estado Argentino está obligado a garantizar todos los derechos establecidos en la Convención a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país, y la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes sancionada en 2005 establece la aplicación obligatoria de la Convención», sentenció la diputada.
Es de destacar que dicho proyecto fue acompañado por legisladores nacionales de distintos bloques partidarios de la oposición.
