La concejal de Acción Marplatense calificó de «antidemocrática» la ausencia de los funcionarios en el recinto y advirtió que esta metodología vulnera la transparencia y el control republicano en General Pueyrredon.
En un escenario de creciente tensión política dentro del Concejo Deliberante, la concejal y vicepresidenta de Acción Marplatense (AM), Eva Ayala, lanzó duras críticas contra la administración municipal debido a las condiciones impuestas para el tratamiento del Presupuesto. Según denunció la edil, el Ejecutivo local ha implementado una modalidad inédita y restrictiva: la exigencia de que los concejales remitan sus interrogantes por escrito, evitando así el intercambio oral y presencial que históricamente ha caracterizado la presentación de las proyecciones de gastos y recursos del municipio.
Para Ayala, esta disposición no es solo un tecnicismo administrativo, sino una vulneración directa a los fundamentos del sistema representativo. «La insólita exigencia de reclamar preguntas por escrito a los concejales frente al tratamiento del presupuesto contraviene los principios establecidos en la Constitución y en las demás normas y la doctrina que inspiran nuestra democracia», sentenció la referente de AM. En este sentido, sostuvo que un órgano legislativo que renuncia a la oralidad se convierte en una «caricatura» de lo que debe ser un espacio diseñado para el control republicano y la publicidad de los actos de gobierno.
El valor de la oralidad y el acceso a la información
Uno de los puntos centrales del descargo de la concejal radica en el impacto que esta medida tiene sobre la ciudadanía. Ayala argumentó que la pretensión de impedir el debate en vivo busca, en última instancia, evitar que los vecinos de Mar del Plata y Batán tomen conocimiento cabal de las prioridades del gobierno. Bajo su perspectiva, es irrealista esperar que un ciudadano común interrumpa su jornada laboral para acudir a una oficina administrativa a consultar expedientes en papel.
«Ningún vecino va a dejar de trabajar para ir en horario administrativo a buscar notas donde pueda comprobar las preguntas que hicieron sus representantes y las respuestas que dieron los funcionarios», explicó la edil. Al defender la necesidad de la oralidad, destacó que los medios modernos, como la transmisión por YouTube, la radio, la televisión y las redes sociales, son las herramientas legítimas para que la sociedad civil pueda sacar sus propias conclusiones sobre el manejo del erario público.
Cuestionamientos a la gestión local
La crítica de la vicepresidenta de Acción Marplatense no se limitó a las formas, sino que también apuntó al fondo de la gestión. Al reclamar la posibilidad de interpelar a los funcionarios en voz alta, Ayala enumeró una serie de temas que, a su juicio, requieren explicaciones urgentes y transparentes frente a la comunidad:
La proliferación de excepciones urbanísticas sin un marco claro.
La instalación de pizzerías en espacios públicos (plazas) en detrimento de áreas de recreación infantil.
El elevado costo del servicio de recolección de residuos contrastado con el estado de suciedad en las calles.
El aumento constante de las tasas municipales frente a una contraprestación de servicios cada vez más deficiente.
«No se debe preguntar por escrito y para pocos por qué tantas excepciones o por qué cada vez más tasas con cada vez menos servicios», enfatizó, reafirmando que su bloque no aceptará el silencio como respuesta.
Un precedente histórico negativo
Finalmente, Ayala subrayó la gravedad institucional de este hecho en el marco del 42º aniversario del retorno democrático en Argentina. Aseguró que es la primera vez en más de cuatro décadas que un gabinete municipal entero decide no concurrir al Concejo Deliberante para la defensa del Presupuesto.
«Nunca un gabinete entero pegó el faltazo a la discusión de un presupuesto pidiendo que le manden a la comodidad de sus oficinas las preguntas escritas», concluyó con firmeza. Para la concejal, ya sea por falta de formación, subestimación del debate o un apego deliberado a la opacidad, esta metodología resulta inaceptable en un régimen republicano y federal.
NMDQ
