Este lunes 5 de agosto, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo una manifestación frente la Superintendencia de Salud y posterior marcha hacia el Municipio de General Pueyrredon.
La manifestación será protagonizada por profesionales de salud de la ciudad de Mar del Plata: Acompañantes terapéuticos, estimuladores visuales, fonoaudiologos, kinesiólogos, psicopedagogos, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, transportistas y familiares de personas con discapacidad, bajo el lema «NO AL RECORTE DE DISCAPACIDAD».
Mediante un comunicado, se indicó que «los prestadores trabajamos en condiciones precarizadas, ya que la demora en la recepción de los pagos supera los 90 dias».
En ese sentido, alertaron que durante el mes de agosto la Superintendencia de Salud no realizó los pagos correspondientes al mes de junio a las obras sociales, por lo cual muchos prestadores no recibieron sus honorarios.
«Somos víctimas del maltrato burocrático desde los inicios de los tratamientos (orden médica, plan de trabajo, informe, presupuesto, fotocopias selladas y firmadas, seguro, habilitación del consultorio), las condiciones para la aprobación de un presupuesto cada vez son más, y asi también los requisitos para la presentación de las facturas (del día 1 al 5, lapicera azul, copia de facturas, copia de planillas, comprobante AFIP y hasta ultimos pagos de monotributo, informes mensuales, semestrales y que la presentación de dichos papeles esté ordenando de tal manera porque sino no se recepciona)».
Además, los profesionales remarcaron que las familias están expuestas cada año a realizar los mismos procedimientos y a renovar periódicamente el certificado único de discapacidad.
La falta de comunicación, anticipación y respuesta frente a esta problemática impide a los profesionales sostener su economía.
«Al día de la fecha no hay información oficial o comunicados de los organismos oficiales. Por tal motivo el reclamo sigue vigente y en muchos sectores del país se extiende el paro», aclararon.
Finalmente, dejaron en claro que las condiciones precarizadas históricas, la falta de pagos y la no comunicación de los organismos oficiales ponen en riesgo los derechos de las personas con discapacidad, atentando con sus tratamientos, su calidad de vida y bienestar emocional.
