Trece personas que están imputadas en la denominada «Megacausa Anses» serán sometidas a juicio oral en la ciudad de Mar del Plata, acusadas de haber defraudado al Estado por cerca de 90 millones de pesos, a través de la tramitación irregular de jubilaciones y pensiones, informaron hoy fuentes juidiclales.
El juez federal 3 de Mar del Plata, Santiago Inchausti, elevó un tramo de la causa a juicio oral que tendrá en el banquillo de los acusados a doce hombres -cuatro de ellos actualmente detenidos- y una mujer, imputados por integrar una asociación ilícita que gestionaba beneficios previsionales irregulares.
Los acusados de ser los presuntos «jefes y organizadores» de esta banda son Rubén Cagni (49), Roberto Balbuena (64), Luis Miguel Iros (68) y Luciano Diez Suárez, quienes estaban al frente de «Organización Jurídico Previsional S.R.L», un estudio ubicado en el barrio marplatense de Chauvín.
Los cuatro están imputados además como coautores de los delitos de «defraudación contra la administración pública reiterado», así como de «tentativa de defraudación contra la administración pública, uso de documento falso, alteración dolosa de registros, tenencia ilegítima de DNI ajenos y cohecho».
Además, seis médicos, una contadora y dos ex empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) están procesados como presuntos miembros de esta organización, desbaratada a partir de una denuncia formulada en mayo de 2018 por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
También están procesados por «defraudación a la administración pública nacional» en este tramo del expediente 20 beneficiarios -once hombres y nueves mujeres-, entre los que figuran desocupados, amas de casa, un carpintero y una peluquera, entre otros.
De acuerdo a la investigación, aun en curso, esos casos forman parte de un total de 388 trámites previsionales que son materia de análisis, y las maniobras denunciadas «ocasionaron un perjuicio al Estado Nacional que asciende, conforme lo estimado por AFIP, a la suma de 90 millones de pesos».
La elevación a juicio parcial del caso había sido solicitada el 15 de abril último por el fiscal general marplatense, Daniel Adler, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal 2, y también por la AFIP, que interviene como querellante.
En un escrito de 229 páginas, al que tuvo acceso a Télam, el juez hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público, al considerar que «se corroboraron una serie de irregularidades en el marco del trámite y otorgamiento de beneficios previsionales», como «jubilaciones y retiros por invalidez».
De acuerdo a la investigación, «con el fin de obtener y de reunir los requisitos exigidos por ley, se falseaban relaciones laborales, con empleadores inexistentes en muchos casos».
«Uno de los patrones en común era que los solicitantes declaraban haber prestado servicios para ciertos empleadores, lo que en realidad no sería cierto», indicó Inchausti, quien agregó que «otros puntos en común» en los hechos denunciados era «la declaración de servicios apócrifos, a través del sistema de la AFIP, mediante la presentación de declaraciones juradas extemporáneas».
Según la instrucción, en estas maniobras intervenía el estudio de abogados, mientras que los médicos «producto de su labor como peritos oficiales o profesionales habrían contribuido» a que la Anses otorgara estos pensiones por invalidez «a gran cantidad de beneficiarios que no reunirían los requisitos necesarios».
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