El Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, convocó a una audiencia de conciliación virtual entre autoridades estatales y empresarios gastronómicos y de complejos deportivos, quienes presentaron un amparo para reanudar actividades limitadas por las políticas de aislamiento en el marco de la pandemia de coronavirus.
Según informaron fuentes judiciales, el encuentro virtual se realizará el próximo viernes 30 y a la instancia conciliatoria, propuesta por el fiscal general Daniel Adler tras la presentación del amparo en los primeros días de octubre, fueron convocados representantes del Estado nacional, del Municipio de General Pueyrredon y de la Zona Sanitaria VIII, dependiente del Gobierno provincial.
La audiencia se desarrollará desde las 10 de manera virtual y buscará generar «las condiciones que permitan alcanzar acuerdos sociales e institucionales, tendientes a lograr una convivencia pacífica ante una situación sin precedentes».
Luego de que los empresarios presentaran el amparo, Adler se mostró a favor de lograr «una instancia superadora que coloque al juez en un lugar distinto al de la tradicional decisión entre ganadores y perdedores y se generen condiciones para alcanzar acuerdos sociales e institucionales, para una convivencia pacífica ante una situación sin precedentes».
El fiscal consideró que el escenario actual en el marco de la emergencia sanitaria «es absolutamente inédito, y en tal contexto el Poder Judicial es llamado a interceder en las tensiones y los lógicos intereses en juego».
En ese sentido, Adler había señalado que la vía elegida por los empresarios y comerciantes para su reclamo resultaba adecuada: «dicho marco ha sido reconocido para que el Poder Judicial intervenga con el objetivo de evitar que se produzcan lesiones, y así impedir el padecimiento de perjuicios por los justiciables».
«El fiscal entendió que se encuentran en pugna, por un lado, el derecho a la vida y su preservación necesaria y correspondiente que implica la consagración del derecho a la salud, y, por el otro, la libertad de trabajo y el ejercicio de la industria lícita», informó el Ministerio Público.
