Asociaciones de consumidores impulsan un proyecto de ley de insolvencia familiar, para que las familias que enfrentan altos niveles de endeudamiento, producto de la caída de ingresos causada por la pandemia de coronavirus, puedan acceder a una mediación por parte del Estado para llegar a un mejor acuerdo con sus acreedores.
«Hay que crear alguna herramienta o instrumento que genere la posibilidad de que el deudor, que se haya endeudado de buena fe, pueda sentarse en una mesa de negociación en una situación de equilibrio y a través de un marco administrativo y legal que le provea el Estado pueda renegociar toda su deuda», dijo a Télam el presidente de la asociación Cruzada Cívica, Mariano Gendra Gigena.
El proyecto de ley de insolvencia familiar es impulsado desde las entidades de defensa de consumidores Cruzada Cívica, Adelco y Adecua, y será presentado en la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
Al respecto, Gendra Gigena manifestó: «creemos que es una herramienta más que necesaria en este momento, por la situación de insolvencia de 89% de los hogares argentinos; 9 de cada 10 hogares están sobre endeudados, con deudas muy por encima de su capacidad de ingreso».
«Los sectores medios, medios bajos, venían extremadamente golpeados de cuatro años de ajustazos exorbitantes de servicios públicos, y esta cuarentena con la pérdida absoluta de ingresos ha llevado la situación de emergencia a una situación de insolvencia», aseguró.
El abogado, especialista en consumo, dijo que que en comparación con lo que existe para las empresas como concursos y quiebras, esta herramienta sería para las familias «como una instancia preconcursal», y detalló que «ya existe en España y también en Chile se aplica muy bien; en Perú y Colombia lo están analizando en sus respectivos congresos».
«En la situación de los números que estamos viendo que está dejando la pandemia, es imprescindible», sostuvo.
Dijo que «no hay garantia ni desembolso por parte del Estado, sino que se busca crear el ámbito y mediaciones de profesionales que sean propicios para llegar a acuerdos» a las familias que tienen deudas de servicios, alquileres, expensas, tarjetas de crédito, cuotas hipotecarias, prendarias, con colegios, prepagas y clubes de barrios, entre otros.
De acuerdo con un informe del Cerx, la deuda total de las familias alcanzó los $ 1.905.119 millones y afectó a 11,9 millones de hogares, que equivalen al 86,5% de los hogares del país, unos 163.000 hogares menos que en mayo, aunque creció en $ 83.415 millones la deuda para quienes no pudieron cancelar sus pasivos.
Gendra Gigena observó que «cuando salgamos de esta cuarentena estas familias van a tener una cola de acreedores pidiendo que paguen y es imposible que lo puedan afrontar» e insistió: «Esto no es un subsidio, no es un préstamo, no le genera un centavo al Estado, es crear un mecanismo que proteja y le de contención especialmente a los sectores medios y bajos».
«Lo estamos hablando con senadores y diputados de distintos espacios políticos, del Frente para la Victoria y también de la oposición; la Secretaría de Defensa al Consumidor nos ha manifestado su apoyo; los defensores del pueblo de distintas provincias y la Ciudad de Buenos Aires que integran la Asociación de Defensa del Pueblo (Adpra) nos han expresado en forma expresa su apoyo a este proyecto», afirmó.
«Esto requiere que ya sea parte de una serie de medidas de contención y estar acompañado de medidas productivas que busquen preservar el empleo y generar nuevas fuentes de trabajo que se están perdiendo en estos meses, volver a abrir comercios y pymes que cerraron», concluyó.
