Al cumplirse el tercer aniversario del conflicto en El Marquesado por parte de sectores vinculados a Juan Grabois, el senador provincial recordó el rol de la gestión de Alberto Fernández y la utilización de recursos públicos para legitimar la usurpación de 140 hectáreas frente al mar.
Montenegro utilizó sus redes para realizar un balance pormenorizado, denunciando lo que considera una connivencia estructural entre organizaciones sociales y el anterior Gobierno Nacional.
Para el legislador, aquel suceso liderado por Juan Grabois trascendió el hecho delictivo de la ocupación per se. En su análisis, el punto crítico radicó en la arquitectura institucional que se montó para dar sustento a la presencia de los ocupantes en un predio de 140 hectáreas estratégicas frente al mar. Montenegro fue tajante al respecto: «Fue un antes y un después, no solo por la ocupación ilegal de 140 hectáreas frente al mar, sino por algo más grave: el uso del Estado para avalarla».
El respaldo administrativo y logístico de la gestión Fernández
La reconstrucción de los hechos aportada por el senador pone el foco en la operatividad de la administración de Alberto Fernández. Según Montenegro, no se trató de un evento aislado o espontáneo, sino de un proyecto que contó con el respaldo formal de organismos nacionales. En aquel momento, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) desempeñó un papel central al suscribir la documentación necesaria para intentar otorgar un marco de legalidad a la toma del predio.
«En ese entonces, el gobierno de Alberto Fernández firmó papeles para tratar de cubrirla, además de alojar en los hoteles de Chapadmalal a los usurpadores», detalló el legislador. Este punto resulta especialmente sensible para la comunidad local, ya que los hoteles de la Unidad Turística, destinados históricamente al turismo social, habrían sido utilizados como base logística para quienes intentaban establecerse de forma irregular en los terrenos de El Marquesado.
Un contexto de asedio a la propiedad privada
El escenario en el que se produjo la toma era de extrema fragilidad institucional en materia de seguridad. Montenegro recordó que la ciudad venía sufriendo una seguidilla de ataques directos contra la propiedad. «En ese momento, nosotros veníamos de palear cuatro tomas seguidas. No era un hecho aislado», rememoró. Esta situación de crisis habitacional y territorial fue, según su visión, el caldo de cultivo para un avance mayor coordinado desde sectores cercanos al poder político central.
A pesar de la presión, la resolución del conflicto no fue fortuita. El legislador destacó que la resistencia civil y la unidad de los representantes locales fueron determinantes para frenar el avance sobre las 140 hectáreas. «De la misma manera, denunciamos y lo frenamos con el apoyo de todo el arco político y de una sociedad que dijo BASTA», enfatizó, subrayando que la movilización social fue el motor principal para revertir la ocupación.
La maniobra final: La Provincia como «testaferro»
Uno de los datos más contundentes del balance realizado por el legislador refiere a lo ocurrido en el epílogo de la gestión anterior. Montenegro señaló que, apenas 16 días antes del cambio de gobierno en diciembre de 2023, se produjo un movimiento administrativo de último minuto para intentar resguardar el control de las tierras.
En ese breve lapso antes del traspaso de mando, la AABE formalizó la cesión de los terrenos de El Marquesado a la Provincia de Buenos Aires. Para el diputado provincial, esta acción tuvo una finalidad puramente estratégica y política: la de dejar a la administración bonaerense como «testaferro de la toma fallida y como reducto del kirchnerismo antes de perder la nación». Con esta maniobra, se habría buscado blindar el territorio bajo la órbita provincial ante el inminente cambio de signo político en la Casa Rosada.
De la usurpación a la reactivación económica
Hoy, tres años después, el clima que rodea a El Marquesado y a la Unidad Turística de Chapadmalal ha dado un giro rotundo. Montenegro atribuye este cambio a la persistencia de los vecinos y a una nueva política de gestión de activos públicos por parte del actual Gobierno Nacional.
El legislador confirmó que aquellos establecimientos que supieron ser refugio de la ocupación irregular, hoy tienen un destino vinculado al desarrollo regional. «Los hoteles abandonados donde alojaron a los usurpadores ahora van a ser un lugar clave de inversión para nuestra ciudad y toda la región; noticia confirmada por el gobierno nacional», celebró. Montegro concluyó que este cambio de paradigma, que reemplaza el modelo de toma por el de inversión privada, es el resultado directo de una sociedad que se hizo escuchar y defendió la legalidad de su territorio.
