El reciente aumento en el costo de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires generó un fuerte rechazo en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Los concejales Angélica González y Guido García, del interbloque oficialista (Coalición Cívica), presentaron un proyecto para denunciar lo que califican como un «esquema monopólico» y proponen una alternativa: abrir el servicio a talleres particulares para generar competencia y reducir los precios, que aseguran, superan ampliamente la inflación.
La suba de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires, que ya acumula un 47,7% en lo que va del año, encendió las alarmas en el ámbito político local. Los concejales de General Pueyrredon, Angélica González y Guido García, de la Coalición Cívica, tomaron la iniciativa y elevaron un proyecto al Concejo Deliberante para expresar su categórico rechazo a la medida provincial. En el centro de su crítica está el modelo de concesión actual, al que califican sin rodeos como «monopólico, ineficiente y abusivo».
El proyecto de comunicación, que busca interpelar al Ejecutivo bonaerense, pone el foco en la desproporción entre el ajuste de tarifas y la realidad económica. Según los ediles, el incremento del 47,7% en la VTV contrasta drásticamente con la inflación del 15,1% registrada en el mismo período. “Los bonaerenses están siendo rehenes de un sistema que solo beneficia a las empresas concesionarias y al propio Estado provincial”, sostuvo Angélica González, presidenta del bloque y autora principal de la propuesta. Su análisis apunta a un servicio obligatorio que se convirtió en una «caja de recaudación sin control», con precios que, según denuncian, son fijados por una fórmula ligada a la paritaria del gremio SMATA y la cámara empresaria CAVEA.¿
Precios y monopolio, los puntos de la discordia
Para fundamentar su reclamo, los concejales de General Pueyrredon exponen una comparación de precios que pone de manifiesto la diferencia abismal con otras jurisdicciones. El costo actual para un vehículo liviano en la provincia de Buenos Aires roza los 80.000 pesos, mientras que en provincias como Santa Fe, Córdoba o Mendoza, el mismo trámite oscila entre los 33.000 y 45.000 pesos. Este contraste, afirman, evidencia la distorsión generada por el esquema de concesión provincial.
El concejal Guido García profundizó la crítica al denunciar que el Gobierno de Axel Kicillof, lejos de buscar soluciones, consolidó el sistema monopólico con la adjudicación de nuevas zonas exclusivas en diciembre pasado. “Lejos de fomentar la competencia, se consolida un sistema que castiga a los contribuyentes y beneficia a unos pocos. La política tarifaria del gobernador tiene cada vez menos relación con la realidad de la gente”, aseguró García, quien también es autor del proyecto.
El descontento se extiende a la logística del servicio. La zona que comprende a General Pueyrredon, una vasta región que se extiende hasta Tandil y Necochea, cuenta con apenas cinco plantas habilitadas. La demanda, en tanto, no para de crecer: solo en el distrito marplatense, se proyectaron más de 285.000 verificaciones para el año 2023. La escasez de puntos de atención y el monopolio de las concesiones se conjugan para limitar la oferta y cimentar la suba de precios, según la visión de los ediles.
La propuesta de la Coalición Cívica: talleres particulares y competencia
El proyecto de comunicación presentado por González y García no se limita a la queja; ofrece una solución concreta para el problema. Los concejales instan al Ejecutivo provincial a revisar los términos de la concesión vigente y, como medida central, proponen autorizar a talleres particulares debidamente habilitados a brindar el servicio de VTV. Esta idea replica el modelo que ya se aplica con éxito para el control de los vehículos con Gas Natural Comprimido (GNC).
Guido García argumenta que no existe “ninguna razón técnica” para que el servicio no pueda ser prestado por “talleres de cercanía”. Desde su perspectiva, esta apertura del mercado sería una “forma concreta de generar competencia, bajar los costos, fomentar el empleo local y cortar con este esquema de aumentos atados a una sola paritaria”. La propuesta busca democratizar el servicio, beneficiando tanto a los automovilistas como a la economía local.
En sus conclusiones, los concejales insistieron en la necesidad de “sensatez” por parte de las autoridades provinciales. “No se puede seguir cargando sobre los vecinos tarifas altísimas por un servicio obligatorio y cerrado. La Provincia debe abrir el juego y pensar en un esquema más justo, competitivo y accesible”, sentenciaron, reforzando la postura de que el actual modelo de VTV es insostenible y perjudicial para los bonaerenses.
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