El conflicto salarial entre el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y el gobierno municipal de Mar del Plata, liderado por Guillermo Montenegro (PRO), ha alcanzado un nuevo nivel de tensión tras el anuncio de sanciones a los empleados que participen en la retención de tareas convocada por el sindicato y la habilitación de una línea telefónica para que los ciudadanos denuncien la falta de servicios en las dependencias municipales.
El STM ha convocado a una retención de tareas por 24 horas, con asistencia a los lugares de trabajo, para este viernes, además de llevar a cabo un «ruidazo» en cada dependencia local durante el resto de la semana para hacer oír sus reclamos contra la administración municipal. El principal punto de discordia es la recomposición salarial, ya que el Ejecutivo otorgó un aumento del 10% por decreto, mientras que el sindicato exigía un 35%. Asimismo, el STM critica la «política de ajuste» y la «vulneración de los derechos laborales» por parte del gobierno local.
En respuesta a las medidas de fuerza del sindicato, el municipio ha anunciado que aplicará sanciones a los trabajadores que se sumen a la retención de tareas. Según fuentes del municipio, las sanciones dependerán del tipo de incumplimiento cometido por los empleados y pueden variar desde una llamada de atención hasta una suspensión, con posibles repercusiones como la pérdida del presentismo o la imposibilidad de ascensos futuros, de acuerdo con el artículo 103 de la ley.
Además, la Municipalidad de General Pueyrredon ha puesto a disposición de los ciudadanos una línea de WhatsApp (2233452639) para que puedan denunciar la falta de servicios en las diferentes dependencias del municipio. Esta iniciativa, impulsada por el área de Control de Gestión, busca garantizar una atención adecuada a los vecinos y sancionar cualquier corte parcial o total de actividad por parte de los empleados municipales.
El conflicto entre el STM y el gobierno municipal se ha intensificado en los últimos meses, especialmente después de los paros realizados los días 4, 5 y 6 de abril, tras los cuales Montenegro decidió descontar un día de salario a los trabajadores que se sumaron a la medida de fuerza y eliminar el beneficio del presentismo para aquellos que participen en este tipo de protestas.
Como contramedida, el sindicato presentó un recurso de amparo ante la justicia para dejar sin efecto los decretos mencionados. Sin embargo, el Tribunal del Trabajo N°4 y el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 se declararon incompetentes, por lo que la causa ha sido derivada a la Suprema Corte bonaerense, que deberá decidir dónde se llevará a cabo el proceso.
A la falta de acuerdo en las negociaciones salariales se suma la presentación de un proyecto por parte del Ejecutivo en el Concejo Deliberante para declarar a los trabajadores municipales como «esenciales», lo que implicaría que los empleados no podrían llevar a cabo medidas de fuerza. Ante esta situación, el sindicato liderado por Antonio Gilardi anunció un plan de lucha «a matar o morir» y declaró que «la paciencia se ha agotado».
Este conflicto no solo afecta a los trabajadores y al gobierno municipal, sino también a los ciudadanos de Mar del Plata. Es fundamental que ambas partes, el STM y el gobierno local, encuentren un punto de diálogo y negociación para resolver este conflicto de manera justa y equilibrada, evitando así un mayor deterioro en la relación laboral y en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
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