Buscan establecer un límite de Secretarías en los gobiernos municipales basado en la cantidad de habitantes.
En una iniciativa liderada por el senador del PRO en la Provincia de Buenos Aires, Marcelo Leguizamón, junto a sus colegas de bancada Alejandro Rabinovich y Jorge Schiavone, se ha presentado un proyecto de modificación de la Ley Orgánica de las Municipalidades. El objetivo principal es fijar un máximo de Secretarías en los diferentes gobiernos distritales, ajustado según la población de cada municipio.
De acuerdo con la propuesta, cada Ejecutivo Municipal podrá determinar un número máximo de Secretarías proporcional a la cantidad de habitantes, con el fin de promover una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Para ello, se establece que los municipios con poblaciones entre 50.000 y 100.000 habitantes podrán contar con un máximo de cinco Secretarías, mientras que aquellos con entre 101.000 y 250.000 personas tendrán un límite de siete. En el caso de los distritos más poblados, como La Plata, La Matanza y Mar del Plata, podrán disponer de hasta un máximo de diez Secretarías.
El senador Leguizamón destacó que al igual que en la provincia, donde la Ley de Ministerios debe ser aprobada por la Legislatura bonaerense, proponen que sean los departamentos deliberativos quienes den el visto bueno a las estructuras municipales, limitándolas en función de la cantidad de habitantes.
Según lo dispuesto en el proyecto, cada Intendente municipal deberá presentar la estructura orgánico-funcional de la Administración Central al Concejo Deliberante, la cual podrá ser aprobada por mayoría simple. Las Secretarías deberán organizarse de manera que abarquen las áreas principales de gestión municipal, con el objetivo de optimizar recursos y fomentar una mayor eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Se menciona que municipios como Quilmes, que actualmente cuenta con 12 secretarías, y La Plata, que ha llegado a tener 19 este año, deberán ajustarse a esta nueva normativa, ya que superan los 500.000 habitantes.
De ser aprobado el proyecto, los Intendentes tendrían un plazo de seis meses para reestructurar su organización administrativa una vez promulgada la ley.
Con esta propuesta, los senadores del PRO buscan promover una administración más eficiente y acorde a las necesidades de cada municipio en la provincia de Buenos Aires.
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