Las organizaciones Mirada Ciudadana y Surfrider denunciaron un incumplimiento sistemático de los pliegos de concesión en Playa Grande, Punta Mogotes y la zona sur, donde la sombra privada llega a ocupar la totalidad de la superficie de arena.
El acceso a la costa, un derecho que debería estar garantizado para todos los ciudadanos y turistas, atraviesa un momento de extrema vulnerabilidad en Mar del Plata. Un reciente y pormenorizado relevamiento realizado por las organizaciones socioambientales Mirada Ciudadana y Surfrider, titulado «Otro Avasallamiento del Espacio Público», ha puesto de manifiesto una realidad que muchos perciben al caminar por la orilla, pero que ahora cuenta con el respaldo de datos estadísticos: la progresiva desaparición de la arena pública frente al avance de las concesiones privadas.
El informe centra su análisis en tres sectores clave de la ciudad: el Complejo Playa Grande, el área de Punta Mogotes y los balnearios situados al sur del Faro. Los resultados obtenidos han sido calificados como «alarmantes», no solo por la ocupación física, sino por el incumplimiento directo de los marcos legales que regulan estas explotaciones comerciales.
El incumplimiento de los pliegos en cifras
Uno de los puntos más críticos que destaca el informe es la desconexión total entre lo que dictan los pliegos de bases y condiciones y lo que sucede efectivamente en el territorio. En Playa Grande, por contrato, los concesionarios están obligados a garantizar un 30% de sector público. No obstante, el estudio de las ONGs demuestra que, al producirse la marea alta, el espacio disponible para quienes no alquilan sombra cae de forma estrepitosa al 16%. Como si fuera poco, se detectó una irregularidad adicional: la presencia de sombrillas de alquiler ubicadas dentro de ese ya recortado sector que debería ser de acceso libre.
La situación se agrava al trasladar el análisis a Punta Mogotes. En este sector, el contrato exige asegurar un 25% de espacio público. La realidad, sin embargo, es mucho más restrictiva: durante la pleamar, el espacio libre se reduce a apenas un 11%. Esta dinámica genera una exclusión casi total del ciudadano común, quien se ve empujado hacia zonas marginales de la playa o directamente impedido de permanecer en el lugar.
Hacia el sur del Faro, la problemática alcanza su punto máximo. El relevamiento indica que la ocupación por estructuras de sombra fija llega al 100% en marea alta. Esto no solo elimina el espacio de recreación, sino que imposibilita el tránsito peatonal paralelo a la costa, una violación flagrante a la libre circulación por la ribera.
Desigualdad extrema: 15 veces menos espacio por persona
El informe no se queda solo en los porcentajes de superficie, sino que analiza la experiencia del usuario. Tomando como referencia un día de 26 grados en Playa Grande, el estudio comparó la densidad de personas en ambos sectores. Los resultados son una radiografía de la desigualdad urbana:
- En el sector público, cada persona dispone de apenas 2,55 metros cuadrados.
- En el sector privado, cada usuario cuenta con 37 metros cuadrados.
Esta disparidad significa que la concentración de personas es 15 veces mayor en el área pública que en la privada. Esta saturación no solo degrada la infraestructura disponible, sino que afecta directamente la calidad de la experiencia turística de aquellos que no cuentan con el presupuesto para afrontar los costos de una carpa o sombrilla.
Un modelo económico y social cuestionado
Desde Mirada Ciudadana y Surfrider cuestionaron duramente la rentabilidad de este esquema. Según las organizaciones, los cánones que abonan los concesionarios al municipio son insignificantes en comparación con el impacto social. «Los ingresos no llegan a significar ni siquiera 1 dólar por habitante al año«, sentenciaron. Esta cifra es tan baja que ni siquiera alcanzaría para cubrir los gastos operativos del Emturyc (Ente Municipal de Turismo y Cultura).
Finalmente, el informe advierte sobre la pérdida de competitividad de Mar del Plata frente a otros destinos internacionales. El sistema de «sombra fija» es visto como una estructura irracional frente a la naturaleza variable del mar y un costo adicional que el turista debe sumar al alojamiento y la gastronomía, algo que no sucede en playas de otras latitudes donde el espacio es mayoritariamente libre. La conclusión de las ONGs es contundente: se trata de una explotación de recursos naturales que beneficia a unos pocos grupos empresarios en detrimento del derecho colectivo al uso de la costa.
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