El presidente del bloque de la UCR+NA presentó un proyecto en el Concejo Deliberante. “No se puede castigar al que trabaja con aumentos desmedidos”, dijo.
El concejal Ariel Bordaisco presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que informen los motivos que derivaron en un incremento del 1264% en el costo para tramitar la licencia nacional de conducir interjurisdiccional correspondiente a categorías profesionales.
La iniciativa surge tras la implementación de un nuevo procedimiento que obliga a los trabajadores a realizar evaluaciones psicofísicas y capacitaciones ante prestadores externos habilitados por la ANSV, encareciendo significativamente una licencia indispensable para el desarrollo de actividades laborales vinculadas al transporte, desde el pasado 6 de julio.
“Estamos hablando de una herramienta de trabajo para miles de personas. Choferes de colectivos, transportistas, conductores de ambulancias, taxistas, remiseros y otros trabajadores necesitan esta licencia para desempeñar su actividad. Por eso resulta preocupante que se impongan mayores costos y más dificultades para obtenerla y esto refleja un castigo al que trabaja”, señaló Bordaisco.
A través del proyecto, el bloque UCR + Nuevos Aires solicita conocer cuáles fueron los fundamentos que llevaron a implementar un esquema que, según advierten, elevó el costo del trámite en más de un 1200% para los trabajadores afectados para las categorías C1, C2, C3, D1 a D4, E1 y R2.
Asimismo, requiere que se informe cuáles son los prestadores externos habilitados para realizar las evaluaciones psicofísicas y las capacitaciones obligatorias dentro del Partido de General Pueyrredon, teniendo en cuenta que gran parte de las gestiones que antes se realizaban íntegramente en la órbita municipal ahora dependen de terceros autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La iniciativa también busca conocer por qué se resolvió impedir que el trámite continúe realizándose completamente dentro de cada municipio, aun cuando existen recursos humanos, infraestructura y capacidad técnica para llevar adelante el procedimiento.
Por último, el proyecto solicita precisiones sobre el esquema de distribución de los importes que abonan los trabajadores durante el trámite de obtención o renovación de la licencia profesional interjurisdiccional, detallando cómo se distribuyen las tasas y aranceles entre los distintos organismos y prestadores que intervienen.
“Lo que pedimos es transparencia y razonabilidad. Los trabajadores merecen saber por qué tienen que afrontar un incremento tan importante y cuáles son los fundamentos de un sistema que hoy les demanda más costos, más trámites y más tiempo para acceder a una licencia que necesitan para trabajar”, concluyó Bordaisco.
