El senador nacional Maximiliano Abad cuestionó con dureza la estrategia del Gobierno bonaerense para retener la administración del complejo, señalando que la Justicia ya se pronunció de manera contundente a favor de Mar del Plata.
La disputa por la administración y el control del Complejo Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo de tensión política y judicial. Tras el reciente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que rechazó un planteo impulsado por la Fiscalía de Estado bonaerense, el senador nacional Maximiliano Abad alzó la voz para denunciar lo que considera una estrategia sistemática de obstrucción por parte de la gestión de Axel Kicillof.
Para el legislador nacional, la persistencia del Ejecutivo provincial en judicializar el traspaso del complejo no es más que una «maniobra dilatoria» que afecta directamente los intereses de la ciudad de Mar del Plata. Abad fue taxativo al señalar que la negativa de la Provincia a restituir el predio al ámbito municipal reviste una gravedad institucional preocupante.
Un escenario judicial de tres instancias
El eje del reclamo de Abad se sostiene en el recorrido que la causa ha tenido en los tribunales. Según explicó el senador, no se trata de una interpretación aislada, sino de un criterio ratificado por las autoridades judiciales competentes. “La Justicia en tres instancias le dio la razón al planteo hecho por Mar del Plata y Kicillof lo sabe y, aun así, insiste. Preocupa el capricho de negarle a la ciudad lo que es suyo”, enfatizó.
En este contexto, el legislador remarcó que la postura del Gobernador no solo desafía los fallos judiciales, sino que ignora la voluntad de una comunidad que reclama la potestad sobre uno de sus recursos turísticos y económicos más emblemáticos. Abad insistió en que el conflicto ha trascendido la mera diferencia administrativa para convertirse en una cuestión de respeto a la autonomía municipal.
Impacto en la planificación y la seguridad jurídica
Uno de los puntos más críticos señalados por el senador nacional es el «estado de indefinición» que genera esta disputa. Abad advirtió que la dilación judicial no es inocua, sino que tiene consecuencias tangibles para diversos actores sociales y económicos de la región.
“Esto perjudica a distintos sectores: a los concesionarios, a los usuarios —tanto marplatenses como a turistas— y al Municipio, porque no se pueden planificar ni tomar decisiones con reglas claras”, puntualizó. La falta de un marco de certidumbre sobre quién debe administrar el predio impide, según su visión, la ejecución de proyectos a largo plazo que mejoren la infraestructura y los servicios del complejo.
Asimismo, Abad cuestionó las acciones unilaterales que la Provincia intenta llevar adelante mientras el litigio sigue su curso. Hizo especial mención al denominado «master plan» impulsado por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, calificándolo como un intento de decidir el futuro de Punta Mogotes desconociendo tanto la jurisdicción de la ciudad como las decisiones del Poder Judicial. “Esa actitud refleja un capricho político que solo prolonga el conflicto”, sentenció.
La deuda y la legalidad del reclamo
El senador recordó que el Municipio de General Pueyrredon ya ha dado pasos concretos para regularizar la situación administrativa y financiera. En ese sentido, destacó que en octubre de 2024 la comuna realizó un pago judicial destinado a cancelar la deuda existente con la Provincia, con el objetivo de allanar el camino hacia la municipalización definitiva del complejo.
Para Abad, la situación actual roza el absurdo: “Es un disparate que el Municipio quiera pagar y la Provincia no nos deje”. A su entender, el debate no debe centrarse en cuestiones ideológicas o de color político, sino en el cumplimiento estricto de la legalidad y la institucionalidad.
Finalmente, el legislador instó a la administración de Kicillof a deponer su actitud y aceptar los fallos de la Corte para avanzar hacia una solución definitiva que devuelva la gestión de Punta Mogotes a manos de los marplatenses. “Punta Mogotes debe ser administrada por los marplatenses. No es una discusión ideológica: es una cuestión de legalidad y respeto por Mar del Plata”, concluyó.
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