El gremio UEJN declara estado de alerta en todo el país y anuncia un banderazo para visibilizar la crítica situación que atraviesan los trabajadores judiciales.
La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal está a punto de entrar en vigencia, pero los trabajadores judiciales denuncian que la falta de inversión en infraestructura, tecnología y personal pone en riesgo su funcionamiento. El gremio Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ha declarado estado de alerta en todo el país y anunció un banderazo para visibilizar la crítica situación que atraviesan los trabajadores judiciales.
Para visibilizar la situación, este lunes 7 de abril a las 11 de la mañana se realizará un banderazo frente a la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, ubicada en Diagonal Pueyrredon 3138. La protesta será replicada en distintas jurisdicciones del país.
Según Rubén Elizondo, secretario general de la Regional 4 de la UEJN, que abarca Mar del Plata, Azul, Dolores, Tandil y Necochea, los judiciales comparten el espíritu de la reforma, pero advierten que la ausencia de inversión pone en riesgo su funcionamiento. «Será un cambio fundamental para la agilización y transparencia de los procesos judiciales. Sin embargo, debemos reiterar las serias deficiencias en infraestructura, recursos humanos, tecnología y movilidad que se presentan en esta instancia», expresó Elizondo.
Los trabajadores también denunciaron que a pocos días de la implementación, no cuentan con información clara sobre sus nuevas funciones, dependencias ni lugares de trabajo, lo que genera una situación de incertidumbre generalizada. «Para la necesaria puesta en marcha del sistema acusatorio nadie tomó en consideración la profunda incertidumbre que este cambio genera. Los empleados y empleadas aún no saben dónde van a trabajar, quién será su titular, ni cuál será su nueva función», expresó Elizondo.
A esta situación de desorganización se suma el reclamo por la pérdida salarial acumulada, que ronda el 30% desde diciembre de 2023. En lo que va del 2024, los judiciales sólo recibieron un aumento del 1,8% retroactivo a enero. Desde la UEJN exigieron al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Corte Suprema la inversión inmediata en infraestructura, tecnología y personal, así como la reglamentación del traspaso de trabajadores del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal, tal como estipula la ley.
«Es fundamental que quienes tenemos la responsabilidad de garantizar el servicio de Justicia contemos con los recursos y la información necesaria. De lo contrario, la implementación del nuevo sistema será una carga más sobre las espaldas de los trabajadores», concluyó el dirigente gremial.
NMDQ
