La promesa es tentadora: la posibilidad de convertirse en su propio jefe, sin horarios ni esquemas fijos, solo a partir de un smartphone; sin embargo, cada vez más voces advierten sobre situaciones que vulneran los derechos de los trabajadores.
Los términos son variados: economía de plataformas, gig economy, economía colaborativa, economía digital… Todos se relacionan con nuevas formas de producir y consumir, a partir de internet y de la información digitalizada, que es usada como insumo en los procesos de producción, comercialización y distribución. Sin embargo, la propia novedad y velocidad con la que avanzan y mutan estos fenómenos impide unificar los términos que deben utilizarse o llegar a un acuerdo sobre su alcance. Mientras tanto, la realidad avanza, no espera a los académicos ni a los legisladores, y las calles de las principales ciudades del mundo se llenan de jóvenes montados en sus bicicletas y motos repartiendo pedidos, con las miradas perdidas en las pantallas de celulares, y conductores que usan sus autos particulares para levantar pasajeros a pesar de las amenazas de los taxistas que ven peligrar así su fuente de trabajo y de los gobiernos que los declaran fuera de la ley.
Más allá de las particularidades de cada caso, de acuerdo con la OIT, la emergencia de este nuevo fenómeno en la economía –de la mano de los avances tecnológicos– representa «uno de los cambios más importantes acontecidos en el mundo laboral en los últimos diez años». Aunque en 2016 incluía a solo el 0,5 % de la fuerza de trabajo de EE.UU. y el 5% de la europea, se espera que haya una fuerte expansión en los próximos años.
Las empresas plantean eslóganes del tipo «sé tu propio jefe» y, en términos generales, no reconocen la existencia de relación laboral alguna, sino que se definen como meros intermediarios que facilitan a los interesados la oportunidad de hacer dinero rápido. Sin embargo, cada vez son más las voces que alertan sobre estas estrategias que, aseguran, se valen de un vacío legal para sacar provecho económico e impedir a miles de personas el acceso a la protección laboral mínima vigente en cada país. Según un relevamiento mundial de la OIT, solo seis de cada diez encuestados en 2017 tenían seguro de salud y solo el 35 % contaba con una pensión o plan de jubilación, y en la mayoría de estos casos, eran provistos por familiares o por otros empleos.
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