La Ley 27.191 de Energías Renovables, sancionada en 2016, ha sido una herramienta clave para impulsar las energías renovables en Argentina, pero está próxima a vencer. El gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de Energías Renovables, Héctor Ruiz Moreno, destaca que la principal demanda del sector es la seguridad jurídica, la estabilidad fiscal y el respeto a los derechos constitucionales para garantizar el desarrollo de proyectos en energías renovables. Según Ruiz Moreno, el tema central no son las metas de penetración de energías renovables, sino un marco regulatorio estable que fomente la inversión a largo plazo.
Desde su sanción, la ley ha atraído inversiones por más de 9.400 millones de dólares. A pesar de los cambios de administración, la ley ha sido prorrogada sin interrupciones significativas, y las inversiones en energías renovables han mantenido un ritmo constante. Entre las empresas que lideran este sector se encuentran YPF Luz, Central Puerto, Genneia y Aluar, que están comprometidas con proyectos de largo plazo que requieren financiamiento externo.
Uno de los aspectos clave para los inversores es la certeza fiscal. Ruiz Moreno menciona un intento de imponer un «impuesto al viento» en algunas provincias del sur, lo que podría haber afectado gravemente las inversiones en energías renovables. Por ello, señala la importancia de que la nueva ley prohíba a las provincias imponer impuestos o tasas que alteren las condiciones iniciales. Esto garantizaría la estabilidad y la previsibilidad que los inversores necesitan.
Otro desafío importante es la infraestructura de transporte de energía. Ruiz Moreno alerta sobre la saturación de las líneas de alta tensión, que no están diseñadas específicamente para transportar la energía generada por los parques renovables. Esta situación limita la capacidad de expansión del sector. Por lo tanto, es crucial que se desarrollen líneas específicas para energías renovables, lo que permitiría duplicar las inversiones actuales y, a su vez, generar empleos y obras de infraestructura asociadas, como caminos y puertos de aguas profundas.
En cuanto a las metas de participación de energías renovables en la matriz energética, Ruiz Moreno estima que el sector se encuentra entre el 17% y el 18%, y considera que alcanzar el objetivo del 20% para 2025 es completamente factible. A medida que crecen los proyectos y la capacidad instalada, la energía renovable se volverá más competitiva en términos de costos, lo que podría impactar positivamente en las tarifas eléctricas en el mediano y largo plazo.
Si el Congreso no aprueba la prórroga de la ley antes de diciembre de 2025, el sector podría enfrentar una «pausa legislativa» que podría retrasar varias inversiones previstas. Aunque el proyecto ya tiene media sanción en el Senado, aún falta su tratamiento en Diputados, lo que genera incertidumbre. A pesar de este escenario, Ruiz Moreno se muestra optimista y confía en que se logrará una prórroga, lo que permitiría duplicar las inversiones en el sector en los próximos años.
En resumen, el futuro de las energías renovables en Argentina depende de la prórroga de la Ley 27.191. Con un marco regulatorio claro, la estabilidad fiscal y una infraestructura adecuada, el sector renovable puede continuar su expansión y contribuir significativamente a la matriz energética del país.
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