El caso de Silvia Nancy González pone bajo la lupa la gestión de IOMA, la falta de camas críticas en la ciudad y el accionar del Sanatorio Avenida, según el pormenorizado relato de su hija.
La prestación de salud en la ciudad de Mar del Plata se encuentra nuevamente en el centro del debate público tras conocerse la denuncia de una vecina por lo que considera una sucesión de omisiones, falta de recursos y desatención médica. El hecho, que culminó con el fallecimiento de Silvia Nancy González, de 56 años, el pasado 30 de abril, expone las dificultades que atraviesan los afiliados de la obra social IOMA al momento de requerir intervenciones de alta complejidad.
El inicio del periplo sanitario
De acuerdo con la exposición de los hechos realizada por la hija de la víctima, el proceso se inició el lunes 27 de abril, cuando González sufrió un infarto. Tras ser trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de nuestra ciudad, donde la denunciante destaca una correcta atención inicial, se determinó la necesidad de una internación en unidad coronaria. Ante la aparente falta de disponibilidad de plazas críticas en el sector público local, se solicitó a IOMA la derivación a un centro privado.
Según el relato, la obra social ofreció inicialmente una cama en la localidad de Berisso, a más de 300 kilómetros de distancia. La familia habría manifestado su reticencia inicial debido a la distancia y la gravedad del cuadro, esperando una resolución en el ámbito local. No obstante, al no haber otras opciones y aceptar el traslado al día siguiente, se les informó que la vacante ya no estaba disponible.
Internación en el Sanatorio Avenida e irregularidades denunciadas
En este contexto de urgencia, la paciente fue derivada al Sanatorio Avenida. La denunciante sostiene que dicho establecimiento no contaba con una unidad coronaria y califica la terapia intensiva como precaria. Entre las situaciones señaladas, destaca que se le solicitó a la familia proveer los alimentos para la paciente sin las indicaciones nutricionales correspondientes a su patología.
Asimismo, la denuncia menciona presuntas irregularidades administrativas. Según la hija de González, desde el sanatorio le informaron que tanto un estudio de ecodoppler como el traslado en ambulancia debían ser abonados de forma particular por falta de cobertura de IOMA. Sin embargo, tras gestiones directas ante la obra social, la familia asegura haber confirmado que el estudio estaba autorizado y que la institución médica nunca había tramitado formalmente el pedido de la ambulancia.
Deterioro del estado clínico y derivación final
El testimonio describe escenas de presunta falta de cuidado durante la internación. La hija afirma haber encontrado a su madre sin monitoreo, con restos de sangre y sin la asistencia básica requerida. Ante el evidente deterioro, se solicitó un nuevo traslado. En ese lapso, según la denuncia, un médico decidió intubar a la paciente bajo el argumento de que se encontraba «nerviosa».
Un punto crítico del relato se sitúa el jueves 30 de abril, cuando finalmente arribó una ambulancia equipada. La denunciante sostiene que el sanatorio no informó que la paciente estaba intubada, lo que generó que, al llegar esta información a la clínica de destino en La Plata, la cama fuera asignada a otro paciente. Finalmente, y tras un incidente de salud sufrido por la propia hija de la víctima en la sede de IOMA —donde afirma haber quedado desamparada de atención médica inmediata—, se concretó el traslado de González hacia la capital provincial.
Un desenlace irreversible
Al llegar a La Plata el equipo médico de recepción habría advertido que el estado de la paciente era crítico e incompatible con los informes de «evolución favorable» que habrían sido emitidos en Mar del Plata. Silvia Nancy González falleció a las pocas horas de su ingreso.
La familia responsabiliza formalmente a la Provincia de Buenos Aires, a la gestión de IOMA, al HIGA, al Sanatorio Avenida y a los sistemas de traslado intervinientes por lo que definen como una cadena de decisiones negligentes. La denuncia busca que se investiguen las condiciones de atención y los protocolos de derivación para evitar que otras familias atraviesen situaciones similares.
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