El concejal Marcelo Cardoso defendió la creación de un registro municipal para ordenar la actividad y asegurar el control estatal frente al vacío normativo actual.
En el marco de una nueva reunión de la Comisión de Movilidad Urbana del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, se debatió este lunes el avance del expediente que busca regular el funcionamiento de las plataformas digitales de transporte en la ciudad. Durante la jornada, el concejal Marcelo Cardoso (PRO) expuso una postura determinante respecto a la necesidad de que el municipio asuma una responsabilidad activa frente a un servicio que, aunque carece de marco legal, ya forma parte de la vida cotidiana de los marplatenses.
El diagnóstico: Una realidad que supera la omisión estatal
Para el edil oficialista, la situación actual de las aplicaciones de transporte no admite más dilaciones desde el punto de vista legislativo. Según expresó, el escenario más complejo es el que atraviesa la ciudad hoy en día: una actividad que opera de manera masiva pero que carece de supervisión por parte de las autoridades locales.
“Necesitamos que el Estado asuma su rol frente a una realidad que ya está funcionando en nuestra ciudad”, sentenció Cardoso ante sus pares de la comisión. En su análisis, el concejal subrayó que las plataformas son utilizadas diariamente por miles de vecinos, lo que vuelve imperativa la intervención pública. “El peor escenario es el actual: uno en el que la actividad existe, pero el Estado no la regula”, enfatizó.
El edil del PRO identificó un «vacío normativo» como el núcleo del conflicto técnico. Según su visión, la ausencia de reglas claras no solo le quita al municipio su capacidad de control, sino que coloca al usuario en una posición de extrema vulnerabilidad. Asimismo, señaló que esta falta de ordenamiento genera una competencia desordenada con los sectores ya habilitados, tales como el taxi y el remis, quienes operan bajo estrictas normativas vigentes.
Las herramientas del nuevo ordenamiento
La propuesta legislativa que se analiza en el cuerpo deliberativo incluye, como eje central, la creación de un registro municipal. Esta herramienta es considerada por Cardoso como un paso fundamental para otorgar previsibilidad al sistema. La implementación de este registro permitiría establecer condiciones de trazabilidad, identificar fehacientemente a los conductores, verificar la documentación pertinente y exigir coberturas de seguro específicas para el transporte de personas.
Además, el concejal destacó que el proyecto introduce mejoras sustanciales en la técnica legislativa. Entre los puntos más destacados, mencionó la simplificación del régimen administrativo y la incorporación de herramientas digitales para facilitar la inscripción de los prestadores. Un aspecto clave de la reforma es la distinción taxativa que se establece entre el servicio privado contratado por plataforma y el servicio público o semipúblico tradicional. “Esta distinción permite evitar confusiones normativas”, explicó.
Hacia una fiscalización efectiva y responsable
Si bien el acompañamiento al expediente es firme por parte del bloque oficialista, Cardoso reconoció que existen puntos que deben seguir profundizándose durante el tratamiento legislativo. Para el concejal, regular no implica simplemente otorgar una habilitación, sino garantizar que existan mecanismos de cumplimiento real.
En ese sentido, puntualizó la necesidad de avanzar sobre un sistema de fiscalización que sea «real y efectivo». Entre los temas pendientes de mayor precisión, Cardoso enumeró la obligación de las empresas de colaborar con el municipio, el tratamiento de los datos personales de los usuarios y conductores, el alcance de la responsabilidad solidaria de las plataformas y la articulación de las nuevas reglas con el régimen sancionatorio municipal ya existente.
Una definición política: El rechazo al prohibicionismo
Desde la perspectiva política, Cardoso enmarcó esta iniciativa dentro de la gestión del intendente Guillermo Montenegro. El oficialismo local sostiene que el camino para resolver el conflicto del transporte no es la prohibición, basándose en la experiencia previa que demuestra que tales medidas no logran detener la actividad, sino que solo la empujan hacia la informalidad y la falta de controles de seguridad.
“Desde nuestro espacio, en línea con la posición que ha sostenido el PRO durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro, creemos que el camino no es el prohibicionismo, porque ya vimos que no funciona”, ratificó el concejal. Sin embargo, aclaró que esto no significa una apertura sin límites: “Regular no es desproteger al taxi o al remis. Regular es generar un sistema equilibrado, donde todos los actores tengan condiciones claras”.
Finalmente, el concejal concluyó que el municipio debe dejar de «mirar para otro lado» y tomar las riendas de la situación para dar previsibilidad tanto a los trabajadores del sector como a los usuarios marplatenses. El acompañamiento al expediente se presenta así como el punto de partida hacia un sistema de transporte más ordenado y bajo control estatal.
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