El gremio de pescadores acudió a la Justicia Federal para pedir la inconstitucionalidad de artículos de la nueva ley. Apuntan contra la limitación del derecho a huelga, cambios en convenios colectivos y la exclusión del sector de la Ley de Contrato de Trabajo.
El secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), Pablo Trueba, encabezó la presentación de una acción de amparo contra el Estado Nacional ante la Justicia Federal, en rechazo a distintos puntos de la Ley de Modernización Laboral que, según sostuvo, afectan derechos fundamentales de los trabajadores del sector.
La iniciativa judicial fue promovida en representación de los afiliados del gremio y pone el foco en tres aspectos centrales de la normativa que, de acuerdo al planteo, implican un retroceso en materia laboral. Uno de ellos es la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que —advirtió Trueba— deja a la actividad pesquera bajo un régimen más antiguo y con menores garantías.
“Nos sacan de la ley laboral general y nos llevan a un esquema mucho más viejo”, expresó el dirigente, quien remarcó que esta modificación vulnera principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo.
Otro de los puntos cuestionados por Trueba es la regulación del derecho a huelga a través de la figura de “actividad de importancia trascendental”, que obliga a sostener un nivel mínimo de prestación durante medidas de fuerza. Según indicó, esta disposición limita de hecho la posibilidad de ejercer el derecho a protesta.
Además, el titular del SIMAPE también apuntó contra los cambios en el régimen de convenios colectivos, en particular el fin de la ultraactividad. En ese sentido, sostuvo que la posibilidad de suspender acuerdos vigentes y forzar su renegociación implica una intromisión estatal en la autonomía de las partes.
“Estamos atacando tres puntos clave: el derecho a huelga, la negociación colectiva y la exclusión de la Ley de Contrato de Trabajo”, subrayó Trueba, al explicar los fundamentos del amparo.
La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar la constitucionalidad de los artículos cuestionados. Mientras tanto, el dirigente sindical ratificó que continuará impulsando acciones para defender los derechos de los trabajadores marítimos frente a los cambios normativos.
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