El diputado provincial Gustavo Pulti presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense para repudiar el Decreto 273/25 del Gobierno Nacional, que habilita la importación irrestricta de maquinaria y embarcaciones usadas. La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, elimina controles estatales clave y permite el ingreso sin restricciones del equipamiento descartado por países desarrollados, afectando gravemente a la industria nacional.
“Defender la industria argentina es defender el trabajo, la investigación y el desarrollo. Este decreto significa abrirle la puerta al descarte del mundo, con consecuencias directas en el empleo, la seguridad operativa y el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina ”, señaló el diputado Gustavo Pulti.
El decreto deroga el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), instrumento que hasta ahora regulaba el ingreso de maquinaria industrial en desuso. Su eliminación permite la entrada masiva de equipos antiguos y obsoletos, sin condiciones ni evaluaciones técnicas.
“Ya lo vivimos durante la convertibilidad. Se destruyó la industria naval, se desmanteló la cadena de valor de la pesca, y se perdieron miles de puestos de trabajo por el ingreso indiscriminado de embarcaciones usadas. Hoy volvemos al mismo modelo de liquidación industrial”, afirmó Pulti.
La iniciativa denuncia además el impacto estructural que tendrá la medida en municipios bonaerenses con alta concentración industrial. Son 25 los municipios que concentran más del 65% del PBG (Producto Bruto Geográfico) industrial y más 74% del Producto Industrial de la provincia, generando miles de empleos directos e indirectos que ahora están en riesgo.
General Pueyrredón, por ejemplo, es unos los tres principales aportantes al Producto Bruto Geográfico de la Provincia junto a La Plata y la La Matanza, representan a su vez el 3% de la producción industrial bonaerense y concentra el 93,6% de la actividad pesquera de la provincia.
“Con la vigencia de este decreto, no se construirán más barcos ni se desarrollarán nuevas maquinarias nacionales. Se sustituye producción argentina por equipamiento descartado, y eso compromete nuestra soberanía tecnológica y laboral”, advirtió el diputado
Esta medida no es nueva: durante la década del ’90 se aplicó una política similar y las consecuencias fueron devastadoras. Entre 1992 y 1999 ingresaron al país más de 100 embarcaciones que podrían haberse fabricado en la Argentina.
El proyecto también pone el foco en el desequilibrio que esta política genera en términos ambientales, de sanidad, logística y sustentabilidad.
“Esta no es una política de desarrollo: es una política de resignación. Convertirnos en el último eslabón del descarte industrial del mundo es un daño al que no debemos resignarnos ”, concluyó Pulti.
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